Servicios públicos: ¿más desprotección e impunidad?

Servicios públicos: ¿más desprotección e impunidad?

2 de julio de 2014
Diario Clarín

Por Leandro Despouy

Cuando aún están abiertas las heridas de tragedias ferroviarias como las de “Once”, “Moreno”, “Zanjitas”, “Castelar” y la letal explosión de gas en Rosario, que han generado un trauma social en la utilización de servicios públicos esenciales, el Senado se dispone a aprobar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo donde se establece que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”.

Ante ello todos nos preguntamos por qué sancionar –y con premura– una ley que pretende demoler los cimientos básicos de la responsabilidad estatal y de los funcionarios públicos en franca violación de la Constitución y de los pactos internacionales de derechos humanos.

La Auditoria General de la Nación (AGN), en su tarea de fiscalización del desempeño del sector publico nacional, ha verificado la reiterada inobservancia de las obligaciones contractuales de los concesionarios de servicios públicos y el comportamiento desaprensivo de los funcionarios ante estos graves incumplimientos.

Este proyecto de ley deposita exclusivamente en el concesionario la responsabilidad por los perjuicios ocasionados, una paradoja en un país donde el Estado, las pocas veces que rescindió concesiones de servicios públicos por incumplimientos de los contratistas, jamás articuló acciones de recupero o resarcitorias.

Un principio esencial del comportamiento estatal es preservar y no dañar los intereses del ciudadano. En un área particularmente sensible como la de los servicios públicos, es responsabilidad del Estado garantizar su adecuada prestación, y es un derecho de usuarios y consumidores que así lo haga. Por tratarse de una obligación esencial y básica, su omisión o mala ejecución generan responsabilidad estatal inexcusable. Cabría preguntarse, por ejemplo: ¿qué pasa con las víctimas si la prestataria no contrata seguros o si estos son insuficientes, como ha sucedido en innumerables casos?

El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el examen y opinión del Congreso sobre el desempeño de la administración pública deben estar sustentados en los dictámenes de la AGN, que ha venido informando el estado calamitoso de los servicios públicos. Si este proyecto de ley se aprueba, desoyendo los informes de la Auditoría, se propicia una mayor desprotección ciudadana y se consagra una lacerante impunidad con el propósito de otorgar una suerte de autoamnistía para funcionarios del gobierno actual en su etapa final.

Señores legisladores, hablen con los usuarios y víctimas de los servicios públicos y midan las consecuencias de lo que aprueban.

Fuente

Despouy: “La decisión de la Corte es un paso adelante y no una postergación”

El Presidente de la AGN, Leandro Despouy, consideró sumamente positiva la decisión de la Corte Suprema de Justicia de separar a Armella de la causa Riachuelo, a la luz de la información elaborada por la AGN en un relevamiento especial realizado a pedido del máximo tribunal.

Despouy dijo “A mi juicio esto expresa el compromiso de la Corte de avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Programa Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la determinación de remover los obstáculos que puedan presentarse para el logro de ese propósito”.

Puntualizó  que esta decisión significa un paso adelante y no una postergación: “Ojalá sea leída positivamente por todos los actores implicados en la cuenca y sepan interpretar la determinación de la Corte de exigir a todos el cumplimiento de sus respectivas obligaciones y responsabilidades, desde las instancias municipales hasta las autoridades de empresas como AYSA y la propia ACUMAR.

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Comparto mi exposición el pasado jueves 1 de noviembre en la Corte Suprema de Justicia. Allí presenté un informe que aportó datos en el caso de Armella.

 

 

La AGN en la segunda audiencia pública por el Riachuelo

El Presidente de la AGN, Leandro Despouy, asistió el 1 de junio a la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, donde expresó que la labor del organismo que dirige se vio dificultada por la falta de identificación adecuada de las partidas presupuestarias.

“Es una exigencia legal y técnica para que la AGN pueda hacer su labor profesional en forma ética –dada la importancia que tiene la verificación de los fondos públicos, y fáctica porque si no se lleva a cabo una asignación y ejecución regular de fondos públicos se genera un manejo oscuro de los mismos.”, dijo. Concretamente, el pedido es que se identifique la cantidad de fondos en el Presupuesto Nacional que se están asignado a la ACUMAR, organismo encargado de cumplir con el fallo de la Corte.


“Hemos podido auditar sólo el 8% que aparece identificado en el Presupuesto a través del SAF 342 apoyo al ACUMAR. De lo que hemos auditado, verificamos una subejecución de un 30%, atribuible a retrasos en las obras o no ejecución de las mismas”, remarcó Despouy.

 

Colapso de los recursos pesqueros

Colapso de los recursos pesqueros

El Estado no parece interesado en prevenir ni sancionar situaciones gravísimas de nuestra plataforma continental, como la sobreexplotación crónica y las prácticas que están devastando el calamar y las dos poblaciones de merluza común.

Por Leandro Despouy

Desde los 90, la Auditoría General de la Nación (AGN) viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros , debido a una crónica sobreexplotación y a prácticas que están devastando algunas especies de la rica plataforma continental argentina, como es el caso del calamar y en particular de las dos poblaciones de merluza común que habitan nuestros mares.

Por ejemplo, la población de merluza que se encuentra frente a las costas bonaerenses y uruguayas (“stock norte”) ha descendido hasta un nivel denominado “sobrepesca de reclutamiento”. Ello significa que está en peligro su capacidad de reproducción y la recuperación de valores de equilibrio poblacional .
En 2009, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) recomendó una captura máxima de 48 mil toneladas; sólo la Argentina desembarcó más de 57 mil –a las cuales deben agregarse 16 mil desembarcadas en Uruguay–. La recomendación fue superada en un 52%.

En el caso de la merluza que habita las aguas patagónicas hasta Puerto Deseado (“stock sur”), la recomendación del INIDEP fue de 170.000 toneladas; se desembarcaron alrededor de 230.000, por lo que el límite biológico se superó en un 35%.

Artículo completo publicado en el Diario Clarín, Lunes 11/04/2011

Riachuelo : Entrevista Radial

Riachuelo : Entrevista Radial

Por Continental, el Auditor General de la Nación expresó este resumen de la audiencia que la Corte Suprema realizó con los Gobiernos nacional, bonaerense y porteño.

Escuche la entrevista.

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