El lesivo peso de la deuda externa

El lesivo peso de la deuda externa

29 de julio de 2014
www.leandrodespouy.com

Por Leandro Despouy

El Estado argentino y su señoría Thomas Griesa, juez de la causa, están obligados a aplicar y respetar todas las reglas del derecho así como el conjunto de principios internacionales que regulan la relación entre los Estados soberanos con sus acreedores y deudores.

Habida cuenta de que el país está sujeto a compromisos económicos y financieros jurídicamente vinculantes y previamente asumidos (que además ha cumplido con rigurosidad), nadie ni nada, menos aún una sentencia que se pretenda ajustada a derecho, pueden alterarlos o desconocerlos.[1]

Luego de una crisis devastadora como la que culminó en 2001-2002 y a pesar de las condiciones de extrema vulnerabilidad en que se encontraba su economía y el sistema financiero, la Argentina logró regularizar el 92,4% del stock de su deuda en títulos públicos bajo los mismos principios jurídicos cuya aplicación hoy reclama. El Estado obró de buena fe y honró la deuda, no obstante su volumen (USD 102.500 millones), con puntualidad y regularmente. Se trata de una de las experiencias de reestructuración de deuda más significativas y ha servido de precedente a muchas otras en la actualidad.

Dicha reestructuración cuenta además con la aprobación del Congreso de la Nación, que le impuso una cláusula cerrojo[2] según la cual el Ejecutivo no puede suscribir negociaciones que impliquen condiciones superiores a las pactadas y autorizadas en 2005 y 2010. Se trata de un condicionante de relevancia cuyo propósito es contener, moderar, las apetencias desmedidas de los acreedores y en última instancia evitar negociaciones lesivas al interés nacional.

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el órgano constitucional encargado de supervisar, entre otros, los aspectos relevantes de la deuda pública (CN, art. 85) y anualmente eleva al Congreso un informe detallado donde examina la razonabilidad de los registros financieros, el cumplimiento presupuestario y normativo y realiza auditorías y estudios especiales sobre las contingencias, la capacidad de pago, la sustentabilidad y los programas y proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito.

En tanto Entidad Fiscalizadora Superior, la AGN se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la deuda pública argentina en forma crítica, al extremo de que  sus informes sobre los canjes de deuda de 2000 y 2001 fueron enviados a la Justicia penal debido a las condiciones desfavorables para el país en que tuvieron lugar.

Como lo hace habitualmente, por mandato constitucional, la AGN se expedirá sobre el resultado de las negociones en curso (para los títulos de la deuda pública elegibles para el canje dispuesto por el Decreto 1735/04 que no se presentaron) y se habrá de pronunciar sobre el comportamiento de los actores, con énfasis en su apego a las reglas del derecho y a los principios internacionales que regulan los procesos de restructuración de deuda y las directivas de Naciones Unidas contenidas en los principios consolidados sobre otorgamiento y toma responsable de préstamos soberanos.[3]

Dadas estas consideraciones, sumadas a las razones de orden legal y constitucional que establecen la necesaria intervención de la AGN en la materia, entendemos oportuno e impostergable señalar que aplicaremos también este criterio en oportunidad de nuestro dictamen sobre las negociaciones en curso y las limitantes internas y externas que los negociadores deben forzosamente atender y que se desprenden del derecho nacional, de los compromisos asumidos en otras jurisdicciones, de la práctica internacional y de las normas y directivas de alcance universal establecidas por Naciones Unidas.

En aplicación de estos principios de alcance universal en los que se sustentan los procesos de reestructuración de la deuda actualmente y que la comunidad internacional quiere preservar, señalamos, en tanto Entidad Fiscalizadora Superior de la Argentina, la imperiosa necesidad de restablecer, sea por vía cautelar, sea por otra garantía procesal o paraguas legal[4], las condiciones jurídicas básicas que posibiliten a nuestro país cumplir adecuadamente con el fallo impuesto por su señoría Thomas Griesa, evitando nuevas instancias judiciales por la cláusula RUFO, y en condiciones que le permitan continuar pagando a sus acreedores en forma regular y puntual, como lo ha hecho hasta la fecha.

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[*] Presidente de la AGN desde el 2002 hasta la fecha. Durante este período la AGN ha producido más de 2900 informes de los cuales un porcentaje significativo están referidos al control de la Deuda Pública.

[1] Nos referimos a las condiciones y cláusulas pactadas entre el Estado Argentino y los prestamistas (conocidas por el propio juez de la causa).

[2] Quedando vigente a partir de 2013 sólo lo cláusula RUFO.

[3] La situación es de tal gravedad que varios órganos y agencias del sistema de Naciones Unidas han adoptado principios específicos tendientes a evitar comportamientos abusivos por parte de los prestamistas durante los procesos de negociación de deuda soberana: UNCTAD y Consejo de Derechos Humanos, entre otros.

[4] Sin dejar ninguna incógnita, sobre todo en materia de litigiosidad, habida cuenta que próximamente se produce el vencimiento de la cláusula RUFO.

Servicios públicos: ¿más desprotección e impunidad?

Servicios públicos: ¿más desprotección e impunidad?

2 de julio de 2014
Diario Clarín

Por Leandro Despouy

Cuando aún están abiertas las heridas de tragedias ferroviarias como las de “Once”, “Moreno”, “Zanjitas”, “Castelar” y la letal explosión de gas en Rosario, que han generado un trauma social en la utilización de servicios públicos esenciales, el Senado se dispone a aprobar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo donde se establece que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos”.

Ante ello todos nos preguntamos por qué sancionar –y con premura– una ley que pretende demoler los cimientos básicos de la responsabilidad estatal y de los funcionarios públicos en franca violación de la Constitución y de los pactos internacionales de derechos humanos.

La Auditoria General de la Nación (AGN), en su tarea de fiscalización del desempeño del sector publico nacional, ha verificado la reiterada inobservancia de las obligaciones contractuales de los concesionarios de servicios públicos y el comportamiento desaprensivo de los funcionarios ante estos graves incumplimientos.

Este proyecto de ley deposita exclusivamente en el concesionario la responsabilidad por los perjuicios ocasionados, una paradoja en un país donde el Estado, las pocas veces que rescindió concesiones de servicios públicos por incumplimientos de los contratistas, jamás articuló acciones de recupero o resarcitorias.

Un principio esencial del comportamiento estatal es preservar y no dañar los intereses del ciudadano. En un área particularmente sensible como la de los servicios públicos, es responsabilidad del Estado garantizar su adecuada prestación, y es un derecho de usuarios y consumidores que así lo haga. Por tratarse de una obligación esencial y básica, su omisión o mala ejecución generan responsabilidad estatal inexcusable. Cabría preguntarse, por ejemplo: ¿qué pasa con las víctimas si la prestataria no contrata seguros o si estos son insuficientes, como ha sucedido en innumerables casos?

El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el examen y opinión del Congreso sobre el desempeño de la administración pública deben estar sustentados en los dictámenes de la AGN, que ha venido informando el estado calamitoso de los servicios públicos. Si este proyecto de ley se aprueba, desoyendo los informes de la Auditoría, se propicia una mayor desprotección ciudadana y se consagra una lacerante impunidad con el propósito de otorgar una suerte de autoamnistía para funcionarios del gobierno actual en su etapa final.

Señores legisladores, hablen con los usuarios y víctimas de los servicios públicos y midan las consecuencias de lo que aprueban.

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Selectas fugas de represores

Selectas fugas de represores

22 de junio de 2014
Diario Perfil

Por Leandro Despouy

Si bien las sugestivas fugas de 74 imputados por crímenes de lesa humanidad –33 pertenecientes al Ejército– suscitan interrogantes particulares, la del ex mayor de Inteligencia de Ejército Jorge Olivera, es la que mayores certezas ofrece, pues permite confirmar la existencia de intereses poderosos que garantizan su condición de eterno fugitivo.

Olivera ha desaparecido de las noticias luego de su tercera fuga, esta vez del Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013, junto a Gustavo De Marchi, ocurrida mientras se debatía en el Senado de la Nación el ascenso del general César Milani, titular de la Dirección de Inteligencia del Ejército desde 2007. Se trata de un caso paradigmático: alguien que en tres oportunidades tuvo la misma suerte y similares apoyos.

La primera fuga se produjo en el 2000, cuando estaba  detenido a requerimiento de la Justicia francesa. Ese año, Olivera fue identificado por la gran abogada Sophie Thonon, que  lleva en Francia  las causas de sus compatriotas  víctimas de delitos de lesa humanidad en la Argentina.  Thonon solicitó a la Justicia parisina la detención del represor Olivera por la desaparición, en San Juan, de la modelo francesa Marie Anne Erize. Su capturase produjo en Roma, donde Olivera fue reconocido en el aeropuerto.

Pero Olivera siempre estuvo protegido por significativos actores. Gracias a sus vinculaciones con la logia P-2 fue asistido por  Augusto Sinagra, el abogado italiano más importante de la logia y  defensor de Licio Gelli, venerable de la organización. La inteligencia militar argentina y la organización fascista CNU, socia de la Triple A,  enviaron a la Corte italiana un documento groseramente falseado que certificaba la prescripción de la acción judicial derivada  del crimen de Erize; a raíz de ello, Olivera fue liberado por la Corte romana, tras  permanecer cuarenta y dos días  en el penal Regina Coeli, y regresó a la Argentina.

Conocido como“el carnicero de San Juan”, dirigió allí un campo de concentración y se vanagloriaba de haber sido el primero en violar a  Marie Anne Erize.  Durante la dictadura, Olivera actuó en Inteligencia de Ejército. Reciclado en democracia, participó en los levantamientos carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, fue asesor de Rico  y candidato a diputado por el MODIN en los 90, abogado de Suárez Mason y del  nazi Eric Priebke, detenido en Bariloche y extraditado a Italia.

En su segunda fuga, en 2007, intervinieron miembros del sistema judicial cuyano emparentados con la Triple A, la dictadura  y el juez mendocino Otilio Romano, extraditado de Chile en 2013. Cuando se ordena su detención por los crímenes cometidos  en San Juan, Olivera elude controles y durante un año permanece fugitivo a la vista de todos, en un chalé de Vicente López, por cuyas calles camina impune y tranquilo. Recapturado y condenado a perpetua el 5 de julio de 2013 en San Juan, veinte días después se escapa fácilmente del Hospital Militar en Buenos Aires, con la complicidad de la institución y la de su esposa, Marta Ravasi, psicóloga con rango militar y  de Inteligencia.

Olivera es sin duda una persona  ligada a intereses poderosos aún vigentes y nadie abriga hoy la esperanza de una pronta captura.Su situación de fugitivo permanente, auxiliado siempre por estamentos militares y de seguridad, muestra que quienes no lo quieren en prisión conservan mucho poder; sus vínculos y su larga pertenencia a Inteligencia de Ejército –a cargo de Milani hasta diciembre de 2013–tienen mucho que ver con todo esto.

En momentos en que aparecen críticas al trato a los represores presos, entre los que se encuentran personas condenadas por hechos similares a los que se le imputan a Milani, la fuga de algunos de ellos incentiva las sospechas de un doble estándar con relación al trato y juzgamiento de responsables de crímenes contra la Humanidad

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Hay que juzgar a los asesinos de Mugica

Hay que juzgar a los asesinos de Mugica

18 de junio de 2014
Diario La Nación

Por Leandro Despouy 

Carlos Mugica es una de las figuras más emblemáticas del compromiso y la actividad de los sectores de la Iglesia Católica inscriptos en la Teología de la Liberación. Su prédica militante se expresó en la lucha contra la pobreza y la marginación social, lo que le valió el rechazo y la amenaza pública de grupos violentos, reaccionarios y fascistas. Prueba de esto fue su vil asesinato en condiciones de absoluta indefensión.

En este interminable debate histórico, que acaba de reabrirse a los 40 años de su muerte y nos mantiene en un eterno desacuerdo sobre el pasado, es explicable que surjan distintas teorías sobre sus vínculos políticos y sobre los autores o responsables del crimen. Pero lo que nadie puede negar es que el padre Mugica fue asesinado a plena luz del día, con toda la prepotencia con la que se conducía la Triple A, por un comando que dirigía el comisario Rodolfo Almirón, cuya función era la caza de guerrilleros, gremialistas, estudiantes combativos, opositores políticos, intelectuales progresistas, abogados defensores, todos públicamente elegidos y señalados por José López Rega, poderoso ministro de Bienestar Social desde 1973 hasta las postrimerías del gobierno de Isabel Perón.

Las evidencias y pruebas fehacientes de este crimen, y los nombres de sus autores, duermen con asombrosa tranquilidad en los más de setenta tomos que integran la causa penal contra la Triple A, iniciada en 1975 por el abogado Miguel Radrizzani Goñi, reabierta en 2007 luego de múltiples peticiones fundadas en la imprescriptibilidad de esos crímenes, y radicada desde hace años en el juzgado de Norberto Oyarbide. En esas ajadas y sombrías páginas hay centenares de testimonios, incidentes procesales, acumulación de expedientes, reiteradas y antiguas solicitudes de pronto despacho, etc., y sólo la quietud propia de la impunidad acompasa y decora los trazos más visibles de aquella fase dramática de nuestra historia.

Nada que no sea el propósito de sepultar los nombres, los móviles y el accionar de quienes protagonizaron aquellos siniestros e imborrables episodios explica esta silenciosa falta de resultados. Sólo la garantía de impunidad que confieren el silencio y la muerte pueden explicar semejante negación de la memoria. Porque si bien la mayoría de los asesinos integrantes de la banda criminal cuyos nombres figuran en la causa ya han muerto, como es el caso de Almirón -que llegó a ser extraditado pero no juzgado- todavía son muchos los imputados en ella. Están detenidos para ser juzgados por asociación ilícita en el juzgado de Servini de Cubría Jorge Héctor Conti, Norberto Cozzani, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Rubén Arturo Pascuzzi, ligados a este asesinato y a los de Julio Troxler y Rodolfo Ortega Peña.

Muchas de las víctimas hemos impulsado un pronunciamiento impostergable de la Justicia en la causa de la Triple A, antes de que el silencio devore nuestros propios rastros. Pero la pasividad parece inconmovible. Ante esto, resulta aún más trascendente la decisión de la Presidenta de erigir un monumento a Mugica. Ojalá esta conmemoración agite el letargo al que los estrados de Comodoro Py han condenado esta causa, que encierra uno de los capítulos más tétricos de nuestra historia y en los que acunó sus orígenes el terrorismo de Estado. Por eso, sería decisivo que la Secretaría de Derechos Humanos impulse la causa constituyéndose como querellante.

Cuando los asesinatos de la Triple A fueron declarados “crímenes de lesa humanidad” se agilizaron algunos procesos judiciales sobre hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Tal es el caso de los integrantes de la CNU en Mar del Plata, por el cual hay varios detenidos; entre otros, uno de sus principales protagonistas, Gustavo Demarchi, luego de haber sido extraditado de Colombia.

Estos hechos demuestran que si hay voluntad y decisión, las investigaciones prosperan, sobre todo si ellas se apoyan en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de Estado y en la necesidad de reconstruir el pasado.

¿Qué nos impide juzgar a los asesinos de Mugica? ¿El temor a abrir las compuertas de un proceso político que muchos quieren suprimir? No se trata sólo de honrar la memoria. También hay que hacer justicia con la memoria.

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Despouy: “Desmantelaron los organismos de control”

Despouy: “Desmantelaron los organismos de control”

Advierte que nunca hubo tantos fondos y un manejo tan discrecional y arbitrario.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, dijo ayer que en la Argentina hay “una crisis institucional manifiesta” y denunció el “ desmantelamiento ” de los organismos de control como el que él preside.

“La crisis de institucionalidad es manifiesta. La reforma constitucional de 1994 incorporó organismos como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, o sea, una mayor diversificación de los derechos sociales y colectivos. Esa nueva institucionalidad hoy está en crisis porque no hay ninguna de esas instituciones que pueda convivir pacíficamente ”, expresó Despouy en una entrevista que le hizo ayer la ex senadora Graciela Fernández Meijide en su programa radial dominical en “La Once Diez/Radio de la Ciudad”.

“Me preocupa la desconstitucionalización, que se está acelerando”, añadió el titular de la AGN, quien señaló como elementos negativos “los mecanismos de los decretos de necesidad y urgencia, los superpoderes, la crisis marcada en la elección de los jueces, la vacancia en la Defensoría del Pueblo y en la Oficina Anticorrupción y el comportamiento de la SIGEN”, en referencia a la Sindicatura General de la Nación encabezada por Daniel Reposo.

Despouy recordó que “la disponibilidad de fondos públicos por parte del Ejecutivo es superlativa y única”, pero advirtió: “Al mismo tiempo han desmantelado todos los organismos de control y ahí es donde la irregularidad es manifiesta”.

Y añadió: “Además, la Justicia tampoco funciona.

Hemos presentado una cantidad de casos de corrupción a los tribunales y todavía no tenemos un procesado firme. El monopolio en el ejercicio del poder conduce inevitablemente a todo este tipo de desviaciones”, añadió el titular de la AGN.

Finalmente, Despouy señaló que “ nunca un gobierno ha manejado más fondos con más discrecionalidad y arbitrariedad que éste ”, en referencia al kirchnerismo.

Entre las denuncias a las que hizo referencia Despouy en la entrevista se encuentran, por ejemplo, los informes realizados por la AGN en cuestiones tales como el manejo de los fondos para viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la mira del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi luego de la escandalosa intervención de su colega Norberto Oyarbide.

 

http://www.clarin.com/politica/Despouy-Desmantelaron-organismos-control_0_1132686732.html

05/05/14