El testimonio internacional frente a la última dictadura

El testimonio internacional frente a la última dictadura

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El 24 de marzo nos invita a pensar, no solo en el horror que entrañó     aquél golpe de Estado de 1976, sino también en la importancia decisiva que tuvo la solidaridad internacional en el restablecimiento de la democracia en nuestro país y en la región.

La presidencia del demócrata James Carter (1977-1981) marcó un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos. El 7 de marzo de 1977, el pastor Brady Tyson, delegado personal del presidente ante la  Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, pidió disculpas por la intervención norteamericana y el papel de la ITT en el derrocamiento del presidente chileno Salvador  Allende. Pero su política de shock contra las dictaduras no se detuvo allí. Prueba de ello, fue la designación de Patricia Derian como  Subsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de su gobierno, que visitó tres veces la  Argentina durante la dictadura, y participó de las negociaciones que culminaron con  célebre visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

La bancarrota económica de la dictadura, provocada por el crecimiento de la deuda externa, obligó a Videla a permitir dicha misión, a cambio de que los  Estados Unidos votaran en favor de la Argentina en los organismos multilaterales de crédito. El solo anuncio de la visita de la CIDH en 1977 hizo que decayera la tortura en las mazmorras militares y que los presos recibieran un poco de  comida para que estuvieran  “presentables”. En esa misión, la OEA recibió más de cinco mil denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Pero fue en el juicio a las Juntas Militares donde el apoyo de la comunidad internacional tuvo un valor crucial, a través de los testimonios de personalidades extranjeras. Derian declaró que “la Argentina estaba balcanizada en distritos comandados por militares y la Junta Militar había declarado unilateralmente una ‘guerra sucia’, aboliendo la Constitución y cometiendo crímenes contra la humanidad”. “Cuando Videla me dio la mano por primera vez, él temblaba como un pajarito asustado” dijo. Tom Farer, presidente de la CIDH, en su testimonio, se explayó sobre el contenido del lapidario informe del organismo (1980); afirmó haber visitado cementerios de inhumaciones clandestinas realizadas por personal de las Fuerzas Armadas y haber descubierto que la mayoría de los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo habían sido originalmente secuestrados y torturados.

Valiosos aportes de la presencia internacional en el Juicio a las Juntas, fueron   los testimonios conmovedores del periodista Robert Cox, de Theo van Boven, del gran jurista francés Louis Joinet, y del almirante Antoine Sanguinetti, ex jefe de la Armada francesa; este último, en su efusivo relato, dijo haber recibido en Francia la falsa confesión de su par argentino Emilio Massera inculpando a Videla del asesinato de las monjas francesas Léonie Duquet –vista por Graciela Daleo en la ESMA– y Alice Domon.

Como se recordará, los miembros de la Junta alegaban desconocer la suerte de los desaparecidos; estos y otros testimonios, más dos contenedores enviados desde Ginebra con denuncias presentadas ante la ONU –que debieron ser fuertemente custodiados por el diplomático Sergio Cerdá, ya que se temía que no llegaran a Buenos Aires– fueron pruebas decisivas para acreditar que los militares estaban al corriente del plan sistemático de exterminio ejecutado en la Argentina y en la región, a través del Operativo Cóndor.

Quienes tuvimos la responsabilidad de convocar a los testigos extranjeros destacamos el valor trascendental que tuvieron sus testimonios, y recordamos vivamente las circunstancias un tanto complejas en que se desarrollaron. La defensa de los militares imputados criticó con dureza esta convocatoria, alegando parcialidad del Gobierno argentino en el marco de una  campaña de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas.  Inquirían de manera insistente sobre las circunstancias en que los testigos habían llegado al país, dando un enorme valor a que se  revelara el origen de sus gastos de traslado. La verdad es que fueron cubiertos con fondos reservados del Ministerio de Interior, cuyo titular era Antonio Tróccoli. Juzgar a las Juntas fue mucho más difícil que lo que algunos historiadores relatan, y como lo hacen aquellos que pretenden  devaluar el papel decisivo y ejemplar del fiscal Julio Strassera, curiosamente denostado por personas que no tuvieron participación alguna en aquel histórico proceso. La Justicia condenó a los señores de la muerte, y lo hizo en estricta aplicación de las reglas del Estado de Derecho.

Fue un modelo para el mundo y el principio del fin de las dictaduras del Cono Sur. La diplomacia de derechos humanos del presidente Alfonsín derribó los portones de la impunidad y abrió las puertas a una nueva era, no solo en nuestro país sino en el mundo.

Aquellos testimonios reflejaron el apoyo de la comunidad internacional a nuestro proceso democrático y a la decisión del gobierno del presidente Alfonsín de vincular la democracia con la vigencia de los derechos humanos, en un momento en que América Latina estaba dominada por dictaduras militares. Nuestra democracia germinó en un país signado durante décadas por el desencuentro y la violencia política, y luego se expandió a toda la región. Fuimos los primeros que, sin saberlo, abrimos el camino que siguieron más tarde nuestros vecinos Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Leandro Despouy fue presidente de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

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Milani no debe seguir en su cargo

Milani no debe seguir en su cargo

25 de marzo de 2015
Diario Clarín

Por Leandro Despouy

Grotesca paradoja de nuestra historia reciente que enaltece los derechos humanos como política de Estado y a 32 años de recuperada la democracia erige como Jefe del Ejército al teniente general Milani, acusado de haber participado en la cruenta represión de los años setenta.

Quienes se opusieron a su ascenso a la jefatura de Ejército –el CELS, el senador Morales, la diputada Carrió, entre otros– han expuesto con claridad y solvencia los múltiples fundamentos que revelan la oscura y trucada biografía del militar, su integración al movimiento Carapintada y acusaciones por enriquecimiento ilícito. Se señala su participación en las actividades represivas del Operativo Independencia ordenado por Isabel Perón en 1975; en el golpe de Estado en La Rioja y, meses más tarde, en la desaparición de su asistente Alberto Ledo, según testimonios que lo involucran. Este hombre de probada e inmerecida suerte avanza hoy imperturbable por las altas esferas del poder, sin que nadie detenga su marcha ascendente en las más sensibles áreas de inteligencia del Estado, las que integró antes, durante y después de la dictadura. En esas áreas, precisamente, se está librando un aterrador combate entre espías y políticos que impacta fuertemente a la sociedad, más aún tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el encubrimiento y la impunidad en el atentado más grave de la historia del país.

Está probado que Inteligencia de Ejército fue la usina que elaboró las estrategias más temibles y eficaces del plan de exterminio. Videla lo ratifica cuando dice: “los oficiales de Inteligencia (…) fueron clave en la guerra contra la subversión, que bien podemos llamar de Inteligencia”. El represor Barreiro insiste: “La simplificación de la picana es agraviante para la gente de Inteligencia”, porque sin ella “la Argentina sería hoy Cuba”.

Cruel ironía del destino. A casi 40 años del golpe, un militar que participó en él se desempeña hoy como Jefe del Ejército. La contradicción alcanza el paroxismo si pensamos que toda su trayectoria tuvo lugar en la siniestra Inteligencia del arma, transformada ahora por el Ejecutivo en un verdadero emblema que proyecta a Milani como la figura más fuerte y dominante de la inteligencia argentina.

Sin desmerecer el principio de presunción de inocencia, con honestidad, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Es posible haber transitado por los tétricos corredores de la muerte sin haber participado en los hechos de sangre o en las cámaras de tortura instaladas en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron durante esos años en nuestro país? ¿Es humanamente posible haber descendido a todos los estadios del Infierno y caminar por sus cornisas sin haber sentido jamás –como alega Milani con cinismo– la cercanía del calor sofocante de las hogueras incandescentes del exterminio?

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Selectas fugas de represores

Selectas fugas de represores

22 de junio de 2014
Diario Perfil

Por Leandro Despouy

Si bien las sugestivas fugas de 74 imputados por crímenes de lesa humanidad –33 pertenecientes al Ejército– suscitan interrogantes particulares, la del ex mayor de Inteligencia de Ejército Jorge Olivera, es la que mayores certezas ofrece, pues permite confirmar la existencia de intereses poderosos que garantizan su condición de eterno fugitivo.

Olivera ha desaparecido de las noticias luego de su tercera fuga, esta vez del Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013, junto a Gustavo De Marchi, ocurrida mientras se debatía en el Senado de la Nación el ascenso del general César Milani, titular de la Dirección de Inteligencia del Ejército desde 2007. Se trata de un caso paradigmático: alguien que en tres oportunidades tuvo la misma suerte y similares apoyos.

La primera fuga se produjo en el 2000, cuando estaba  detenido a requerimiento de la Justicia francesa. Ese año, Olivera fue identificado por la gran abogada Sophie Thonon, que  lleva en Francia  las causas de sus compatriotas  víctimas de delitos de lesa humanidad en la Argentina.  Thonon solicitó a la Justicia parisina la detención del represor Olivera por la desaparición, en San Juan, de la modelo francesa Marie Anne Erize. Su capturase produjo en Roma, donde Olivera fue reconocido en el aeropuerto.

Pero Olivera siempre estuvo protegido por significativos actores. Gracias a sus vinculaciones con la logia P-2 fue asistido por  Augusto Sinagra, el abogado italiano más importante de la logia y  defensor de Licio Gelli, venerable de la organización. La inteligencia militar argentina y la organización fascista CNU, socia de la Triple A,  enviaron a la Corte italiana un documento groseramente falseado que certificaba la prescripción de la acción judicial derivada  del crimen de Erize; a raíz de ello, Olivera fue liberado por la Corte romana, tras  permanecer cuarenta y dos días  en el penal Regina Coeli, y regresó a la Argentina.

Conocido como“el carnicero de San Juan”, dirigió allí un campo de concentración y se vanagloriaba de haber sido el primero en violar a  Marie Anne Erize.  Durante la dictadura, Olivera actuó en Inteligencia de Ejército. Reciclado en democracia, participó en los levantamientos carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, fue asesor de Rico  y candidato a diputado por el MODIN en los 90, abogado de Suárez Mason y del  nazi Eric Priebke, detenido en Bariloche y extraditado a Italia.

En su segunda fuga, en 2007, intervinieron miembros del sistema judicial cuyano emparentados con la Triple A, la dictadura  y el juez mendocino Otilio Romano, extraditado de Chile en 2013. Cuando se ordena su detención por los crímenes cometidos  en San Juan, Olivera elude controles y durante un año permanece fugitivo a la vista de todos, en un chalé de Vicente López, por cuyas calles camina impune y tranquilo. Recapturado y condenado a perpetua el 5 de julio de 2013 en San Juan, veinte días después se escapa fácilmente del Hospital Militar en Buenos Aires, con la complicidad de la institución y la de su esposa, Marta Ravasi, psicóloga con rango militar y  de Inteligencia.

Olivera es sin duda una persona  ligada a intereses poderosos aún vigentes y nadie abriga hoy la esperanza de una pronta captura.Su situación de fugitivo permanente, auxiliado siempre por estamentos militares y de seguridad, muestra que quienes no lo quieren en prisión conservan mucho poder; sus vínculos y su larga pertenencia a Inteligencia de Ejército –a cargo de Milani hasta diciembre de 2013–tienen mucho que ver con todo esto.

En momentos en que aparecen críticas al trato a los represores presos, entre los que se encuentran personas condenadas por hechos similares a los que se le imputan a Milani, la fuga de algunos de ellos incentiva las sospechas de un doble estándar con relación al trato y juzgamiento de responsables de crímenes contra la Humanidad

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Hay que juzgar a los asesinos de Mugica

Hay que juzgar a los asesinos de Mugica

18 de junio de 2014
Diario La Nación

Por Leandro Despouy 

Carlos Mugica es una de las figuras más emblemáticas del compromiso y la actividad de los sectores de la Iglesia Católica inscriptos en la Teología de la Liberación. Su prédica militante se expresó en la lucha contra la pobreza y la marginación social, lo que le valió el rechazo y la amenaza pública de grupos violentos, reaccionarios y fascistas. Prueba de esto fue su vil asesinato en condiciones de absoluta indefensión.

En este interminable debate histórico, que acaba de reabrirse a los 40 años de su muerte y nos mantiene en un eterno desacuerdo sobre el pasado, es explicable que surjan distintas teorías sobre sus vínculos políticos y sobre los autores o responsables del crimen. Pero lo que nadie puede negar es que el padre Mugica fue asesinado a plena luz del día, con toda la prepotencia con la que se conducía la Triple A, por un comando que dirigía el comisario Rodolfo Almirón, cuya función era la caza de guerrilleros, gremialistas, estudiantes combativos, opositores políticos, intelectuales progresistas, abogados defensores, todos públicamente elegidos y señalados por José López Rega, poderoso ministro de Bienestar Social desde 1973 hasta las postrimerías del gobierno de Isabel Perón.

Las evidencias y pruebas fehacientes de este crimen, y los nombres de sus autores, duermen con asombrosa tranquilidad en los más de setenta tomos que integran la causa penal contra la Triple A, iniciada en 1975 por el abogado Miguel Radrizzani Goñi, reabierta en 2007 luego de múltiples peticiones fundadas en la imprescriptibilidad de esos crímenes, y radicada desde hace años en el juzgado de Norberto Oyarbide. En esas ajadas y sombrías páginas hay centenares de testimonios, incidentes procesales, acumulación de expedientes, reiteradas y antiguas solicitudes de pronto despacho, etc., y sólo la quietud propia de la impunidad acompasa y decora los trazos más visibles de aquella fase dramática de nuestra historia.

Nada que no sea el propósito de sepultar los nombres, los móviles y el accionar de quienes protagonizaron aquellos siniestros e imborrables episodios explica esta silenciosa falta de resultados. Sólo la garantía de impunidad que confieren el silencio y la muerte pueden explicar semejante negación de la memoria. Porque si bien la mayoría de los asesinos integrantes de la banda criminal cuyos nombres figuran en la causa ya han muerto, como es el caso de Almirón -que llegó a ser extraditado pero no juzgado- todavía son muchos los imputados en ella. Están detenidos para ser juzgados por asociación ilícita en el juzgado de Servini de Cubría Jorge Héctor Conti, Norberto Cozzani, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Rubén Arturo Pascuzzi, ligados a este asesinato y a los de Julio Troxler y Rodolfo Ortega Peña.

Muchas de las víctimas hemos impulsado un pronunciamiento impostergable de la Justicia en la causa de la Triple A, antes de que el silencio devore nuestros propios rastros. Pero la pasividad parece inconmovible. Ante esto, resulta aún más trascendente la decisión de la Presidenta de erigir un monumento a Mugica. Ojalá esta conmemoración agite el letargo al que los estrados de Comodoro Py han condenado esta causa, que encierra uno de los capítulos más tétricos de nuestra historia y en los que acunó sus orígenes el terrorismo de Estado. Por eso, sería decisivo que la Secretaría de Derechos Humanos impulse la causa constituyéndose como querellante.

Cuando los asesinatos de la Triple A fueron declarados “crímenes de lesa humanidad” se agilizaron algunos procesos judiciales sobre hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Tal es el caso de los integrantes de la CNU en Mar del Plata, por el cual hay varios detenidos; entre otros, uno de sus principales protagonistas, Gustavo Demarchi, luego de haber sido extraditado de Colombia.

Estos hechos demuestran que si hay voluntad y decisión, las investigaciones prosperan, sobre todo si ellas se apoyan en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de Estado y en la necesidad de reconstruir el pasado.

¿Qué nos impide juzgar a los asesinos de Mugica? ¿El temor a abrir las compuertas de un proceso político que muchos quieren suprimir? No se trata sólo de honrar la memoria. También hay que hacer justicia con la memoria.

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A treinta años de la recuperación de la democracia

A treinta años de la recuperación de la democracia

A treinta años de la recuperación de la democracia, celebramos el 30 de octubre y el 10 de diciembre

El 30 de octubre de 2013 se cumplen 30 años del triunfo electoral de la Unión Cívica Radical que, con su  popular candidato, Raúl Alfonsín, alcanzó la presidencia de la Nación luego de que el pueblo argentino padeciera, durante 10 años, violencia e infortunios engendrados por el accionar de la Triple A primero y de la dictadura militar después.   Read More