Contraste entre la ejemplaridad y la corrupción

Contraste entre la ejemplaridad y la corrupción

El cuestionado ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray debería dar un paso al costado en la Auditoría General sin esperar su procesamiento

La corrupción es un tema sensible que figura entre los que más preocupan a la ciudadanía argentina. El descrédito de innumerables políticos y funcionarios públicos por su desapego a la ley en los últimos años, y las tremendas consecuencias que eso ha tenido sobre la democracia y el bienestar del pueblo así lo acreditan. En este contexto, resulta inexplicable que un dirigente que enfrenta varias causas judiciales, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, que ha sido imputado por la millonaria deuda que acumuló con el Estado una empresa de Cristóbal López, que fue acusado de descabezar una oficina de la AFIP en Bahía Blanca cuando se investigaba una emisión de facturas falsas usadas supuestamente por una compañía de Lázaro Báez, y que tiene pendiente un pedido de declaración indagatoria en la causa Ciccone, como Ricardo Echegaray, pueda estar al frente de un órgano de control como la Auditoría General de la Nación (AGN).

La cuestionable permanencia de Echegaray en ese cargo contrasta con el reconocimiento que ha merecido la encomiable gestión de Leandro Despouy al frente de ese órgano durante casi 14 años, en representación de la oposición de entonces.

El control de la administración pública realizado por la AGN durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner ha sido ejemplar. Su titular pudo dirigir la institución en minoría en el Colegio de Auditores, mostrando así que el pluralismo político es practicable. Contundentes revelaciones confirieron altos niveles de credibilidad y estima ciudadana al organismo, que se transformó así en un referente confiable.

Frente a un relato falaz y sesgado como el que se instaló desde la cúspide misma del poder, disfrazando de logros grandes fracasos y ocultando los rasgos más oscuros de la gestión estatal, los informes de la AGN han constituido preciosos insumos para reseñar la verdadera historia del país en estos años y, al mismo tiempo, fueron una crónica contundente de la corrupción kirchnerista.

La tarea de la Auditoría ha tenido un significativo valor pedagógico, al poner al desnudo las graves consecuencias económicas del manejo oscuro de los fondos públicos y el impacto letal de la corrupción. La tragedia de Once, que costó la vida a 51 personas y más de 700 resultaron heridas, mostró en forma patética cuán cierta y verificable es la idea que vincula el delito con la muerte. “La corrupción mata” es una consigna que ha calado hondo en el sentir popular.

Desde 2002, fueron aprobados por este órgano más de 3000 informes, algunos de ellos emblemáticos, tales como el del PAMI o los referidos a los programas Sueños Compartidos y Fútbol para Todos. Muchos de ellos se encuentran en la Justicia e integran el testimonio imborrable de un manejo fraudulento, irresponsable y despiadado de los recursos públicos. Sería imperdonable que estas pruebas fueran sepultadas en una bochornosa impunidad.

Como presidente de la AGN, Despouy fue acosado con maniobras de destitución del kirchnerismo en el Congreso y hasta de un sector de su propio partido.

Con el cambio de gobierno y en cumplimiento de la legislación vigente, le correspondió al Partido Justicialista elegir al nuevo presidente de la AGN. La elección, impuesta por el dedo de Cristina Kirchner, recayó en Echegaray, quien asumió pese a las fundadas sospechas que sobre él pesan por falta de idoneidad moral para encabezar el principal órgano de control de la administración pública. Paradójicamente, gran parte de lo que debería auditar es justamente su propia gestión al frente de la AFIP y de otras dependencias por las que pasó tristemente, como la Aduana y la Oncaa. Incluso su reciente y burdo intento para que no se lo audite a él ni a quien lo impuso fracasó estrepitosamente por el rechazo público.

La AGN alcanzó prestigio y autoridad. Para obtener ese noble espacio en la consideración pública, se invirtieron muchos años de trabajo y honradez, pero con hombres como Echegaray bastarán pocas semanas para transformar a la Auditoría en todo lo contrario. Echegaray es la contracara de Despouy y se ubica en las antípodas del control republicano. Este irritante contraste, cercano al despropósito y a la provocación, agrede la moral pública y desafía el sentido común.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1891971-contraste-entre-la-ejemplaridad-y-la-corrupcion

Presentación del Informe Sectorial AGN “El control en aduanas y fronteras”

Presentación del Informe Sectorial AGN “El control en aduanas y fronteras”

Invitamos a ud. el 2 de diciembre a las 15.00 horas en el Salón Olimpo, del Hotel Savoy, Av. Callao 181, a la presentación del Informe Sectorial “El control en aduanas y fronteras”, y sus implicancias en el crecimiento del narcotráfico, elaborado por el Presidente de la Auditoria General de la Nación, donde se recapitula la labor de la AGN a lo largo de los últimos 12 años.

El lesivo peso de la deuda externa

El lesivo peso de la deuda externa

29 de julio de 2014
www.leandrodespouy.com

Por Leandro Despouy

El Estado argentino y su señoría Thomas Griesa, juez de la causa, están obligados a aplicar y respetar todas las reglas del derecho así como el conjunto de principios internacionales que regulan la relación entre los Estados soberanos con sus acreedores y deudores.

Habida cuenta de que el país está sujeto a compromisos económicos y financieros jurídicamente vinculantes y previamente asumidos (que además ha cumplido con rigurosidad), nadie ni nada, menos aún una sentencia que se pretenda ajustada a derecho, pueden alterarlos o desconocerlos.[1]

Luego de una crisis devastadora como la que culminó en 2001-2002 y a pesar de las condiciones de extrema vulnerabilidad en que se encontraba su economía y el sistema financiero, la Argentina logró regularizar el 92,4% del stock de su deuda en títulos públicos bajo los mismos principios jurídicos cuya aplicación hoy reclama. El Estado obró de buena fe y honró la deuda, no obstante su volumen (USD 102.500 millones), con puntualidad y regularmente. Se trata de una de las experiencias de reestructuración de deuda más significativas y ha servido de precedente a muchas otras en la actualidad.

Dicha reestructuración cuenta además con la aprobación del Congreso de la Nación, que le impuso una cláusula cerrojo[2] según la cual el Ejecutivo no puede suscribir negociaciones que impliquen condiciones superiores a las pactadas y autorizadas en 2005 y 2010. Se trata de un condicionante de relevancia cuyo propósito es contener, moderar, las apetencias desmedidas de los acreedores y en última instancia evitar negociaciones lesivas al interés nacional.

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el órgano constitucional encargado de supervisar, entre otros, los aspectos relevantes de la deuda pública (CN, art. 85) y anualmente eleva al Congreso un informe detallado donde examina la razonabilidad de los registros financieros, el cumplimiento presupuestario y normativo y realiza auditorías y estudios especiales sobre las contingencias, la capacidad de pago, la sustentabilidad y los programas y proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito.

En tanto Entidad Fiscalizadora Superior, la AGN se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la deuda pública argentina en forma crítica, al extremo de que  sus informes sobre los canjes de deuda de 2000 y 2001 fueron enviados a la Justicia penal debido a las condiciones desfavorables para el país en que tuvieron lugar.

Como lo hace habitualmente, por mandato constitucional, la AGN se expedirá sobre el resultado de las negociones en curso (para los títulos de la deuda pública elegibles para el canje dispuesto por el Decreto 1735/04 que no se presentaron) y se habrá de pronunciar sobre el comportamiento de los actores, con énfasis en su apego a las reglas del derecho y a los principios internacionales que regulan los procesos de restructuración de deuda y las directivas de Naciones Unidas contenidas en los principios consolidados sobre otorgamiento y toma responsable de préstamos soberanos.[3]

Dadas estas consideraciones, sumadas a las razones de orden legal y constitucional que establecen la necesaria intervención de la AGN en la materia, entendemos oportuno e impostergable señalar que aplicaremos también este criterio en oportunidad de nuestro dictamen sobre las negociaciones en curso y las limitantes internas y externas que los negociadores deben forzosamente atender y que se desprenden del derecho nacional, de los compromisos asumidos en otras jurisdicciones, de la práctica internacional y de las normas y directivas de alcance universal establecidas por Naciones Unidas.

En aplicación de estos principios de alcance universal en los que se sustentan los procesos de reestructuración de la deuda actualmente y que la comunidad internacional quiere preservar, señalamos, en tanto Entidad Fiscalizadora Superior de la Argentina, la imperiosa necesidad de restablecer, sea por vía cautelar, sea por otra garantía procesal o paraguas legal[4], las condiciones jurídicas básicas que posibiliten a nuestro país cumplir adecuadamente con el fallo impuesto por su señoría Thomas Griesa, evitando nuevas instancias judiciales por la cláusula RUFO, y en condiciones que le permitan continuar pagando a sus acreedores en forma regular y puntual, como lo ha hecho hasta la fecha.

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[*] Presidente de la AGN desde el 2002 hasta la fecha. Durante este período la AGN ha producido más de 2900 informes de los cuales un porcentaje significativo están referidos al control de la Deuda Pública.

[1] Nos referimos a las condiciones y cláusulas pactadas entre el Estado Argentino y los prestamistas (conocidas por el propio juez de la causa).

[2] Quedando vigente a partir de 2013 sólo lo cláusula RUFO.

[3] La situación es de tal gravedad que varios órganos y agencias del sistema de Naciones Unidas han adoptado principios específicos tendientes a evitar comportamientos abusivos por parte de los prestamistas durante los procesos de negociación de deuda soberana: UNCTAD y Consejo de Derechos Humanos, entre otros.

[4] Sin dejar ninguna incógnita, sobre todo en materia de litigiosidad, habida cuenta que próximamente se produce el vencimiento de la cláusula RUFO.

Despouy: “Desmantelaron los organismos de control”

Despouy: “Desmantelaron los organismos de control”

Advierte que nunca hubo tantos fondos y un manejo tan discrecional y arbitrario.

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, dijo ayer que en la Argentina hay “una crisis institucional manifiesta” y denunció el “ desmantelamiento ” de los organismos de control como el que él preside.

“La crisis de institucionalidad es manifiesta. La reforma constitucional de 1994 incorporó organismos como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, o sea, una mayor diversificación de los derechos sociales y colectivos. Esa nueva institucionalidad hoy está en crisis porque no hay ninguna de esas instituciones que pueda convivir pacíficamente ”, expresó Despouy en una entrevista que le hizo ayer la ex senadora Graciela Fernández Meijide en su programa radial dominical en “La Once Diez/Radio de la Ciudad”.

“Me preocupa la desconstitucionalización, que se está acelerando”, añadió el titular de la AGN, quien señaló como elementos negativos “los mecanismos de los decretos de necesidad y urgencia, los superpoderes, la crisis marcada en la elección de los jueces, la vacancia en la Defensoría del Pueblo y en la Oficina Anticorrupción y el comportamiento de la SIGEN”, en referencia a la Sindicatura General de la Nación encabezada por Daniel Reposo.

Despouy recordó que “la disponibilidad de fondos públicos por parte del Ejecutivo es superlativa y única”, pero advirtió: “Al mismo tiempo han desmantelado todos los organismos de control y ahí es donde la irregularidad es manifiesta”.

Y añadió: “Además, la Justicia tampoco funciona.

Hemos presentado una cantidad de casos de corrupción a los tribunales y todavía no tenemos un procesado firme. El monopolio en el ejercicio del poder conduce inevitablemente a todo este tipo de desviaciones”, añadió el titular de la AGN.

Finalmente, Despouy señaló que “ nunca un gobierno ha manejado más fondos con más discrecionalidad y arbitrariedad que éste ”, en referencia al kirchnerismo.

Entre las denuncias a las que hizo referencia Despouy en la entrevista se encuentran, por ejemplo, los informes realizados por la AGN en cuestiones tales como el manejo de los fondos para viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la mira del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi luego de la escandalosa intervención de su colega Norberto Oyarbide.

 

http://www.clarin.com/politica/Despouy-Desmantelaron-organismos-control_0_1132686732.html

05/05/14

YPF: exclusión de la AGN

YPF: exclusión de la AGN

“El presidente de la AGN plantea la necesidad de no apartar a YPF del control externo, que comprende a todo el Sector Público y Empresas del Estado conforme lo establecen la Constitución Nacional y las leyes que regulan el control.

Si el propósito de la nueva ley es restituir al Estado el control de los recursos naturales estratégicos, la recuperación de la soberanía energética exige también ejercer una soberanía del control para resguardar el interés nacional. En la región, las principales empresas petroleras con participación estatal– Petrobras, PDVSA, Pemex, Ecopetrol y Petroecuador– son auditadas por sus respectivos órganos de control público. No deberíamos repetir los errores, advertidos por los sucesivos informes de la AGN,  que –por abandono del Estado– condujeron a la crítica situación en que se encuentra el sector energético.”

La energía, en las diversas formas en que es consumida –energía eléctrica, combustibles refinados derivados del petróleo, gas natural, entre otras–, constituye un insumo básico del desarrollo económico y social de una sociedad.  No hay progreso económico ni social que no se base en un consumo creciente de energía; por eso, gobiernos del mundo moderno consideran a la energía una cuestión vital y estratégica. No es posible imaginar un Estado ausente y desinformado en este sector.

Tanto la exposición de motivos del decreto de la Intervención a YPF como la ley de expropiación contienen elementos de juicio que justifican una activa presencia de la AGN en el control del accionar de YPF. Por ejemplo, algunos considerandos del decreto fundamentan la fuerte participación del Estado en el monitoreo  del accionar de la compañía. Se da por sentado que hay grandes problemas estructurales en el sector energético argentino y como conclusión de este conjunto de argumentos el propio Poder Ejecutivo postula que “para seguir avanzando por este camino, resulta central que el Estado tenga la capacidad y la potestad de controlar efectivamente la actividad del sector”.

Si bien una amplia mayoría parlamentaria acompañó la recuperación de YPF para el patrimonio nacional mediante la expropiación del  51% de su capital accionario, que estaba en poder de Repsol, se soslayaron algunas cuestiones claves y trascendentes, al calor del entusiasmo por dejar atrás las nefastas consecuencias del neoliberalismo de los años 90. Concretamente nos referimos a la ausencia de todo rastro de control público de la nueva empresa con mayoría estatal  y en particular a la renuencia del gobierno nacional a consentir  el control externo de  la Auditoría General de la Nación  (AGN).

El proyecto de ley fue rápidamente aprobado sin modificación alguna, pese a la insistencia de muchos sectores de la oposición que alentaron cambios sustantivos que apuntaban precisamente al logro de los objetivos que se proclamaban, pero que el proyecto oficial ponía seriamente en riesgo.

El artículo 15 de la ley recientemente sancionada dispone excluir a YPF del control externo de la AGN, al establecer que la nueva empresa  continuará operando como una sociedad anónima abierta, a la que no le serán aplicables “legislación o  normativa administrativa alguna  que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en que el estado Nacional o los estados Provinciales tengan participación”.

 Sorprendentemente,  este texto no difiere en nada del artículo 6 de la Ley 24.145, sancionada en 1992  para  privatizar YPF  bajo una dominante vocación desreguladora. ¿Por qué subsiste un criterio de deliberado descontrol en una empresa que pretende  devolver a lo público lo que el proceso de privatizaciones le había arrancado?

Los interrogantes se acentúan si recordamos que la AGN ha realizado una importante labor en el área energética en los últimos años, con una serie de informes de auditoría que evaluaban el desempeño de la Secretaría de Energía de la Nación y en forma crítica prenunciaban la situación actual de pérdida de reservas y ausencia de exploración.

 Los informes de la AGN sobre  los recursos petroleros y el desempeño de la Secretaría de Energía

 La AGN  realizó múltiples informes sobre el desempeño de la Secretaría de Energía (SE) y en todos los casos emitió opiniones sumamente críticas en aspectos clave como la liquidación y el pago de regalías petroleras, falta de sistemas de información y el creciente agotamiento de recursos petroleros y gasíferos.

 Dos informes de la AGN, aprobados en 2007 y en 2010, brindan datos alarmantes:

 – No hay un registro íntegro, completo, veraz y actualizado que identifique cada una de las áreas, yacimientos y empresas declarantes de las concesiones en explotación, de manera que la Secretaría de Energía (SE) no puede determinar la totalidad de los sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas (DDJJ).

 – La SE no tiene un sistema de información y gestión eficiente.

 – La SE no solicita ningún tipo de documentación respaldatoria ni realiza inspecciones o controles in situ para validar los datos informados en las DDJJ.

 – La SE no tiene un sistema de registro completo y suficiente que le permita ejercer un adecuado control de las sumas ingresadas en concepto de regalías petroleras.

Quizás la observación más preocupante sea la que advierte: “Ha habido una disminución sistemática de los valores de explotación declarados en jurisdicción nacional. El promedio alcanza al 43,88% menos de producción registrado para el año 2007 con relación al 2006, tendencia que se sostiene en los primeros meses de 2008”.

En un informe emitido en 2005, la AGN advirtió que no se actualizaba el valor del canon petrolero según el aumento del precio del petróleo crudo en el mercado local, tal como establece el sistema normativo. De este modo, los concesionarios y permisionarios sólo abonaban un valor sumamente  depreciado, sin estimular la exploración.

En otro informe importante realizado en el ámbito de la Subsecretaría de Combustibles para verificar la gestión de la actividad hidrocarburífera en el Ejercicio 2005, la AGN observaba:

– El financiamiento presupuestario aplicado a la ejecución de la política hidrocarburífera (0,8% del total devengado) no guarda proporción con la magnitud de funciones que prevé la Ley para la SE.

– La SE no tiene los soportes técnicos y económicos que le permitan corroborar las reservas determinadas por las empresas, que constan en sus declaraciones juradas.

 Otras auditorías sobre la cuestión energética agregan:

 Sobre el mercado del gas natural 

 “… Los datos de reservas revelan la disminución anual constante a partir del año 2001, acumulando al 2005 una reducción del 54,5 % respecto del año 2000” (y esto se refleja) “en el continuo descenso del cociente Reservas-Producción. Este coeficiente se redujo desde los veinticinco años (en los primeros años de la década del 90) hasta aproximadamente entre ocho y nueve años al año 2005”.

 Sobre otras cuestiones de la gestión del sector energético

 Se observó como denominador común la deficiente gestión de la SE.

 Sintéticamente, los informes demostraron que:

a) la política de tarifas  eléctricas, no retributiva de los costos, fue altamente perjudicial;

b) hubo una mala utilización de los subsidios;

c) la SE asignó fondos públicos a la ejecución de obras no prioritarias;

d) hubo sobrecostos en la ejecución de obras;

e) hubo atrasos significativos en la ejecución de las obras;

f) las petroleras incumplieron sus obligaciones contractuales con respecto al pago del canon;

g) hubo negligencia oficial de la SE, que no exigió a las petroleras privadas el pago del Canon;

h) la SE incumplió sus funciones al no actualizar el valor del canon;

i) la SE no ejerció la facultad de aplicar sanciones que le confiere la Ley de Hidrocarburos;

j) Energía Argentina S.A. (ENARSA)  no sigue estrictamente el marco legal de la Ley 25.943; un dictamen de la AGN concluye que la ausencia de manuales de procedimientos “impide optimizar la confiabilidad de las operaciones o actividades que se realizan en la organización”.

En los párrafos siguientes se detalla cada uno de los casos comprobados:

Política de tarifas eléctricas no retributivas de los costos

Una auditoría sobre la gestión del Programa de Políticas Energéticas señaló que desde 2003 se aplicaron tarifas artificialmente bajas en el mercado eléctrico.

Subsidio indebidamente utilizado

El subsidio a la energía eléctrica utilizó indebidamente recursos del Fondo Unificado (FU), previsto (Ley 24.065, art. 37) para financiar inversiones y no para subsidios.

Asignación de Fondos a obras no prioritarias

Recursos del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal fueron asignados a obras no prioritarias según los propios planes de la Secretaría.

Crecimiento no justificado de los costos de construcción de obras

Los costos de construcción  de la Línea de Extra Alta Tensión en 500 KV Choele Choel-Puerto Madryn fueron significativamente mayores que los que insumió el tramo de la Línea de Extra Alta Tensión en 500 KV Puerto Madryn-Pico Truncado, construido entre 2005 y 2006. Siendo las obras similares, aunque no idénticas, y tratándose de dos tramos de una misma obra, construidas en una geografía similar (las provincias de Río Negro; Chubut y Santa Cruz),  el costo por kilómetro del tramo Puerto Madryn-Pico Truncado superó en 40% al correspondiente al tramo Choele Choel-Puerto Madryn ejecutado un año antes. El voto de minoría en el informe de la AGN dijo que esta diferencia observada no estaba justificada.


Retrasos en la ejecución de obras previstas en los Planes

El  informe de auditoría de gestión para el período 2004-2007 sobre el Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) advirtió sobre notorios retrasos en la ejecución de los planes previstos, entre los que se incluye una ampliación de la Línea de Alta Tensión de Yacyretá.

La SE no ejerce la facultad de aplicar sanciones

La SE no ejerce su poder sancionatorio como Autoridad de Aplicación, incumpliendo la Ley 17.319, de Hidrocarburos (art. 87).

Como organismo de control externo del sector público nacional, la AGN ha realizado estas y  otras auditorías emblemáticas:

– Informes  sobre la gestión ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas conclusiones sirvieron de base a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Mendoza.

– En el caso del PAMI, la AGN puso al desnudo la feroz apropiación de los recursos de los jubilados por una red de intereses en la que participaban directamente sectores del ámbito político y sindical que terminaron procesados.

– Informes sobre los ferrocarriles de carga. La AGN auditó la extensa red ferroviaria que circunda las distintas provincias del país.

– Informes en materia de transporte público de pasajeros, que prenunciaron los trágicos sucesos del 22 de febrero de 2012 en la Estación de Once.

– En Aerolíneas Argentinas, una intensa y muy útil labor,  que incluyó auditorías de gestión, certificaciones de transferencias del Tesoro a la empresa por más de 10 mil millones de pesos; auditorías contables –una de ellas permitió establecer que el patrimonio neto de la empresa que se expropiaba no era positivo como había dicho su directorio en el Congreso sino, por el contrario, negativo, y por una suma gigantesca: – 2800 millones de pesos.

– La reciente auditoría realizada en la Administración de Programas Especiales (APE) detectó  beneficiarios cuya edad al momento de la práctica superaba los 100 años, tiempos de tramitación de las solicitudes por subsidios y reintegros excesivos conforme a los plazos previstos por la normativa aplicable, utilización del procedimiento “vía de excepción” para otorgar apoyos financieros a los Agentes del Seguro del Salud, 18.992 expedientes APE sin coincidencias del beneficiario en el Padrón de Beneficiarios e Históricos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), solicitud y pago de apoyos financieros por beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de prescripción, práctica o período de cobertura de tratamiento por el cual el Agente de Salud solicita la ayuda financiera. En el 43,90% de los casos analizados por la AGN, el médico auditor que suscribe los documentos no figura en el listado de auditores médicos de la SSSalud, sobre 45 casos se verificaron 12 troqueles que los laboratorios no han podido certificar como legítimos por un monto de $4.631.461,40, etc.

 Esta enumeración no agota las múltiples auditorías de gran significación a las que me referí en mi informe sobre los diez años de gestión presentado en el Congreso Nacional el 20 de marzo de 2012.

 A modo de conclusión

Si estas son las advertencias formuladas por la AGN cuando su labor se ha realizado sobre la gestión estatal, ¿por qué hoy, habiendo recuperado el Estado mayores márgenes de soberanía hidrocarburífera, se cercenan las posibilidades de que la AGN audite los estados contables y el desempeño de YPF como actualmente lo hacemos con ENARSA, AYSA, CNEA, ARSAT, EDUCAR, Aerolíneas Argentinas, Nucleoeléctrica Argentina, Dioxitec, etc.?

La competencia de la AGN en materia de control  emana de la Constitución (art. 85) y no puede ser limitada por ninguno de los poderes del Estado. El Congreso Nacional puede ampliar su ámbito de acción, y el Poder Judicial puede incluso requerir su intervención en algunos casos, pero ninguna norma puede excluir la intervención necesaria de la AGN cuando estén en juego fondos públicos y se trate de examinar el desempeño de cualquier área de la administración  o el control externo del sector público en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.

 A su vez, el artículo 8° de la Ley 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, reglamenta la  competencia de la AGN, que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y toda organización empresarial donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, que es lo que acontece hoy en YPF.

Esa Ley se mantiene vigente y reglamenta los sistemas de control del sector público nacional, que comprenden las  estructuras de control interno, a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)  y externo (AGN), así como el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

La excepción hecha ahora con YPF no resulta justificada, ya que a la AGN le corresponde auditar a todas las empresas con mayoría estatal y a todos los organismos, cualquiera que sea su forma de organización, que por ley hayan recibido una asignación inicial o permanente de recursos del Estado Nacional.

La Ley de expropiación de YPF nos dice que  aun cuando el Estado detente ahora  la  mayoría accionaria, y ejerza exclusivamente todos los derechos políticos de la sociedad, no se le aplicarán  los controles internos ni externos, como si  no perteneciera a la hacienda pública. Sin embargo, no hay ningún argumento jurídico, ni razones de competitividad empresarial, pública o  privada, que permitan tomar  una empresa como YPF y manejarla como una zona liberada de controles.

Claramente se trata de una construcción legal que

1)      Se opone a la Ley 24.156, que rige para todo el sector público estatal.

2)      Es inconstitucional, porque contradice el artículo 85 de la Constitución Nacional, que pone a cargo de la AGN el control externo.

En el debate legislativo se ha alegado que sujetar YPF al control externo de la AGN, “sería desconocer que se trata de una sociedad abierta, cotizante en bolsa, con normas de transparencia y  protección al inversor”, según expuso la diputada Rosana Bertone, miembro informante de la mayoría oficial. “Estaríamos generando a la nueva YPF una capitis diminutio a la hora de salir a buscar inversores o aliados estratégicos”, agregó.

 Sin embargo, más allá de los imperativos legales y constitucionales, no hay tampoco una razón práctica que justifique negarle el control público a YPF, con el objeto de  otorgarle mayor autonomía o competitividad. Tampoco se pone en riesgo su  capacidad de obtener resultados, con una mejor visión empresarial y comercial, si comparamos los ejemplos más emblemáticos de empresas petroleras en América Latina, que  se desempeñan con eficacia y crecen  y se desarrollan  bajo el control de las entidades de fiscalización superior de sus respectivos países. Prueba de ello son PDVSA en Venezuela, PETROBRAS en Brasil, PEMEX en México, ECOPETROL en Colombia, y PETROECUADOR: son auditadas por sus entidades de fiscalización superior respectivas y sin embargo ninguna tiene impedimentos para operar y progresar en el mercado petrolero mundial.

La diputada Rosana Bertone declara que no conoce “ninguna sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que cotice en bolsa”, sin embargo, además del caso de Petrobras, donde el Estado posee el 64 por ciento de las acciones, se podría citar a ESTAT OIL, de Noruega, y a PETROCHINA como ejemplos de sociedades con control estatal mayoritario y que cotizan en bolsa. Argentina sería el único país donde la administración de una empresa petrolera, incorporada al patrimonio del Estado en su mayoría accionaria, queda inexplicablemente  al margen del control público de una entidad de fiscalización superior.

No debemos consentir que YPF quede excluida del control republicano. Personalmente no puedo abdicar de esa responsabilidad, que me cabe como presidente de la AGN. Por ello, he sostenido públicamente la necesidad de ejercer los controles que nos encomiendan las leyes vigentes y la Constitución Nacional, con la plena convicción de que nunca tendremos soberanía energética en el país si no somos capaces de ejercer también una  soberanía del control.

Si es cierto que el fundamento último en el que nos unimos todos es restituir al Estado el control de los recursos naturales estratégicos, nada explica la exclusión deliberada de la AGN del control de YPF.  Si se trata en definitiva de recuperar soberanía, ¿por qué no conferir al control público el resguardo de los intereses nacionales? ¿Por qué no pensamos lo mal que nos fue cuando nos apartamos de ese camino, que nos condujo a la situación energética actual? ¿Por qué persistimos en repetir nuestros errores y nos negamos a aprender la lección?