Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Conferencia de Leandro Despouy

Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Realizado en Buenos Aires, 6 y 7 de junio de 2013.

Estoy muy contento de poder participar en este encuentro internacional y agradezco a la Defensora General de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, esta invitación. En eventos precedentes hemos coincidido en  la necesidad de implementar mecanismos locales, nacionales, para concretar las visitas a las prisiones como dispositivos preventivos en la lucha contra la tortura, de manera que mi participación en este encuentro es, sobre todo, para desarrollar la creación del instrumento. Analizaré brevemente  las vicisitudes internacionales que marcaron el establecimiento de la normativa que consagra este mecanismo, así como el de la propia Convención Internacional contra la Tortura.

Ante todo, hablaremos de la Convención y luego del Protocolo Facultativo, aunque ambos fueron elaborados con la misma metodología con la que se dotó  Naciones Unidas para crear sus instrumentos, cuando se aprobaron la Convención contra el Genocidio y la Declaración Universal, ambas  el 10 de diciembre de 1948. Por ello, el 10 de diciembre se conmemora  el día de los Derechos Humanos

La Convención se redactó de la misma manera en que se había procedido con todos los convenios precedentes –en particular, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaborados a lo largo de diez años (1966-1976).  Primero, la ONU estableció un Grupo de Trabajo abierto encargado de elaborar la convención. Ello permitiría que participaran los Estados e incluso las ONG en su elaboración. Una vez que el Grupo de Trabajo adoptó una propuesta de convención, esta pasó a la Comisión de Derechos Humanos (hoy, Consejo de Derechos Humanos) y luego a la Asamblea General, que la aprobó en 1984.

Es importante ubicarnos en el contexto internacional en que se debatió este instrumento, que también demandó muchos años, pues entonces  América Latina era la región más refractaria a aprobar una convención contra la tortura, sobre todo a la posibilidad de considerar la tortura como un crimen internacional susceptible de ser sometido a extradición, o a que se plantearan cuestiones de fondo, como por ejemplo la imprescriptibilidad, o bien la obligatoriedad del juzgamiento o de la extradición, que eran prácticamente las consignas básicas del convenio, así como a que se estableciera un mecanismo concreto para verificar si efectivamente se cumplía o no con el tratado.

La Argentina fue el país que lideró ese carácter refractario; el que más argumentó en contra de la Convención, en nombre de todas las dictaduras del mundo. Si leyeran los trabajos preparatorios de lo que hizo  el embajador argentino en Ginebra en los años de la dictadura, verían  que defendió las tesis de la dictadura  para negar las desapariciones forzadas de personas, lo cual fue terrible –creo que con esta actitud se incurrió en una verdadera  –apología de la muerte–.  Fue en esas circunstancias históricas tan difíciles donde nos tocó emerger  como país democrático. Recuerden que  en 1983, cuando se inauguró el proceso democrático, aún estaban en nuestro subcontinente dictadores como Pinochet (que aún habría de perdurar más de diez años), Stroessner en el Paraguay, las dictaduras de  Uruguay, Brasil y Bolivia.

Solo si recordamos este contexto tan adverso y el rol protagónico que había jugado Argentina para impedir la adopción de una convención de esta naturaleza, podemos comprender la enorme repercusión del cambio de posición de Argentina cuando decidió apoyar la adopción de dicha Convención. Primero, porque sorprendió y desbarató las estrategias de los distintos países refractarios a la adopción de un instrumento tan vigoroso y segundo, porque cambió radicalmente la correlación de fuerzas internacionales, que finalmente permitieron su adopción.

El Grupo de Trabajo encargado de elaborar la Convención se reunía precisamente en diciembre de 1983 y la primera instrucción que dio Alfonsín en política exterior –el día en que asumió– fue precisamente que la Argentina cambiara de posición y apoyara la adopción  de la Convención contra la Tortura. Fue prodigioso, no solo porque hasta entonces la Argentina era el país que tenía el arsenal de argumentos más recios y falaces para oponerse a  la Convención sino porque ya en ese momento había un fuerte consenso internacional para adoptarla. De esta forma, se cayeron también los argumentos de las otras dictaduras e inmediatamente el Grupo de Trabajo pudo adoptarla. Luego lo hizo  la Comisión de Derechos Humanos en su sesión de febrero-marzo de 1984, lo que permitió que en diciembre de ese año la Asamblea General la adoptase.  Vale decir que pasamos de ser los fieles defensores del derecho a la destrucción de la integridad física y moral para transformarnos, por esta circunstancia histórica, en el país que permitió con su voto la adopción de la Convención.

Años más tarde, la Argentina ratificó la Convención  –junto con Filipinas, gobernada entonces por Corazón Aquino–. Digo esto porque ambos países fueron los que en menos tiempo ratificaron más convenios de protección de los derechos humanos. Esta impronta consistió precisamente en depositar toda su confianza en el resguardo que habría de conferirles a los derechos humanos el orden internacional. No olvidemos que está previsto en la propia Convención el establecimiento de un comité contra la tortura encargado de velar por  su estricta aplicación, y por la armonización entre los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, posibilitando la complementariedad tuitiva con los distintos organismos que cumplen esa función dentro de los sistemas regionales. Por ejemplo, entre la Convención Internacional contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Tortura y las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Recuerdo que en 1987, cuando tuvo lugar la primera reunión de los Estados partes de la Convención contra la Tortura, Suecia  –que había promovido y presidido las negociaciones que condujeron a su adopción– tenía el derecho, conferido por las prácticas diplomáticas, de presidir esa primera reunión, en la que además habrían de elegirse por votación los miembros del Comité contra la Tortura. Sin embargo, Suecia pidió que la presidiera la Argentina, invocando las profundas desventuras que habían vivido las incontables víctimas de las torturas en nuestro país y en mérito al impacto del cambio que había introducido nuestra naciente democracia en la adopción de la Convención. Estos hechos me transformaron en el primer presidente de los Estados partes de la Convención.

Me interesa contarles también otra de mis experiencias, vinculada precisamente al establecimiento del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Protocolo Facultativo a la Convención de la ONU, referido  a la visita a las prisiones como mecanismo preventivo de la tortura y al establecimiento de ciertos tipos de vigilancia en las cárceles, que es lo que nos convoca principalmente en esta oportunidad.

Adviertan ustedes que siempre hubo serias dificultades que postergaron por más de veinte años la adopción del Protocolo que regula las visitas a las cárceles. La Convención contra la Tortura antes de su adopción  las preveía de cierta manera, pero era tal el rechazo que terminamos diciendo: “Bueno, vamos a sacar el tema de las visitas y le vamos a pedir  al Comité contra la Tortura, encargado de examinar la aplicación de la Convención, que además de analizar los informes anuales de los Estados, acepte las querellas individuales e interestatales”.

De esta manera, el tema de las visitas se dejó momentáneamente de lado  para que ese debate  no postergara la adopción de la Convención; sin embargo, el Grupo de Trabajo tardó muchos años y complicados debates hasta adoptarla. Quisiera no ser percibido como autorreferencial, pero es precisamente el relato de las experiencias vividas lo que Stella Maris Martínez me ha pedido que haga. Recuerdo que en algún momento yo me había alejado de mis funciones y de mi permanencia en Ginebra, pues me estaba desempeñando como representante de la ONU y la OEA en Haití cuando varios países latinoamericanos y Suiza –que junto a Costa Rica impulsaban desde el comienzo la adopción de un Protocolo Facultativo encargado de realizar las visitas– me pidieron que presidiera el Grupo de Trabajo encargado de su redacción y en cierto momento formalizaron esa solicitud eligiéndome presidente del Grupo. Cuando me desplacé hasta Ginebra el día antes de la reunión, me encontré con que Elizabeth Odio Benito, ex embajadora, y ex vicepresidenta de Costa Rica y actual integrante de la Corte Internacional de La Haya, me dijo:

 –Leandro, yo he tomado las disposiciones necesarias para estar en condiciones de presidir este organismo y creo que Costa Rica ha realizado valiosos esfuerzos que le permiten aspirar al cargo para el cual los compatriotas latinoamericanos te han elegido.

Realmente Costa Rica no solo había promovido la creación del Alto Comisionado de Derechos Humanos sino que era el país latinoamericano que más había impulsado la convención y más tarde la elaboración del Protocolo. Entonces, le dije a Odio Benito, esa gran defensora de los derechos humanos:

–Obviamente, si vos aspirás a ello y Costa Rica, que tiene ese derecho histórico, te lo solicita, cómo no vas a poder presidirlo.

Creo que Naciones Unidas se sorprendió un poco, pero en realidad fue lógico que así fuera;  los países latinoamericanos jugamos un rol importantísimo en la reconstrucción del mundo de los derechos humanos.  Acá estoy viendo a Estela de Carlotto y me digo: por qué no empezamos a contar, de una vez por todas, estas cosas, por ejemplo cómo se elaboró la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, que es una enorme contribución de América Latina y en particular de Argentina al mundo. En nuestro caso, como hecho reparador por haber exportado, en el pasado, la tétrica metodología de las desapariciones forzadas de personas.

Le quisiera pedir también a Norberto Liwski que nos cuente –y por qué no, también que escriba–  sobre las múltiples oportunidades en las que en su condición de experto del Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas aplicó el artículo vinculado al derecho de los niños a su familia de sangre, que fue una iniciativa que las Abuelas pudieron impulsar dentro de la Convención de los Derechos del Niño y que dio lugar a una jurisprudencia muy importante no solo en Argentina sino también en el mundo.

También es importante recordar la Convención Interamericana contra la Tortura, que no agregó cuestiones significativas, pero acentuó la obligatoriedad y la cooperación en materia de extradición. Tuvo muchísimas dificultades para su implementación. En nuestro país entró en vigor en 1989; recuerdo que fue un debate muy largo, quizá en aquella época  el continente no estaba todavía maduro –paradójicamente– para aplicar esta Convención.

Otro hecho que me interesa recordarles es el que aconteció en los años 2001 y 2002, cuando yo presidía la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tratamos cuestiones muy importantes, como fue abrir el camino para la creación del Grupo de Trabajo que habría de elaborar la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas y se dieron importantes pasos hacia la declaración de los derechos de los pueblos originarios. Un tema que me sorprendió profundamente fue la dificultad a la que nos enfrentamos para que se aprobara la resolución que prohibía la exportación de instrumentos de tortura y establecía la obligación de castigarla. ¿Ustedes pueden creer que lo que estoy diciendo es cierto? ¿Pueden creer que la resolución que prohibía, que planteaba políticas serias para extirpar de la faz de la Tierra la exportación de elementos de tortura, encontrara incontables obstáculos en su aprobación? Finalmente lo que se aprobó fue una suerte de recomendación, se pedía a los Estados que se abstuvieran de exportar instrumentos destinados a esas prácticas.

Desde hace unos años me he alejado del mundo internacional, porque mis tareas de Auditor General en Argentina me han obligado a ello (luego de seis años de haberme desempeñado simultáneamente como Relator Especial sobre la independencia de la Justicia) pero sigo preguntándome: ¿en qué agenda figura este tema?, ¿alguien lo propone, lo somete a discusión? Los autores del Genocidio contra los Armenios habían logrado que ese sintagma no pudiese utilizarse en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿Está ocurriendo algo similar con la palabra “tortura”?

¿Qué país copatrocina la resolución que condena,  sanciona, y  establece mecanismos para evitar la fabricación y la exportación de elementos de tortura? ¿Cómo hacen los países para seguir torturando sin identificar el origen de los elementos con que la aplican? ¿Quién fabrica esos instrumentos? ¿Quién los compra? ¿Cómo se comercializan? Se tortura; sí, todos sabemos que se tortura y que para eso se utilizan elementos de tortura, pero quién asume la responsabilidad de decir: “sí, yo los fabriqué y los exporté como cualquier mercancía.  Entonces como auditor me pregunto: ¿dónde se contabilizan? ¿Por qué no figuran en el Presupuesto? Lo real es que se sigue torturando y se siguen fabricando  y exportando elementos de tortura; esto tendría que ser una de las preocupaciones centrales en el combate contra la tortura y la internacionalización de los mecanismos de lucha contra la tortura.

Lo dejo planteado para que  puedan llevar estas inquietudes y preocupaciones a cada uno de sus países y para que se pregunten y les pregunten, por ejemplo, dónde figura en el Presupuesto de la repartición policial el rubro estricto que  dice “Compra de Picanas”, “Compra de Instrumentos de Suplicio”, etc. ¿En qué registro siniestro y oculto encubren los países esta palabra para que nunca figure entre los gastos? Son ficticios desaparecidos que se escabullen de la contabilidad estatal para seguir presentes en nuestras cárceles y comisarías.

Me habría  gustado también tener tiempo para leerles un relato  sobre una experiencia que me conmovió muchísimo y que me fue referida por  un policía español en una de las tantas misiones que hice para las Naciones Unidas, en este caso en Guinea Ecuatorial. Es una historia  verídica, de un policía que va a realizar una detención pero se encuentra con que los acusados son dos personas mudas, con  enormes dificultades de comunicación. En el violento interrogatorio, que subía en intensidad a medida que se desarrollaba, estos chicos, que nunca habían hablado, lo hicieron solamente una vez y fue para autoincriminarse como autores del hecho por el cual se los estaba interrogando, y lo hacían con el propósito de que no siguieran torturándolos, lo cierto es que después se descubrió que la acusación era falsa. Lo notable de esta historia es que la única vez que hablaron en su vida  fue para decir que habían robado lo que no habían robado. El policía nos contó que la frustración fue tan contundente que renunció a la fuerza  y después de eso  se dedicó a contarle al mundo lo terrible y lo indigna que era la práctica de la tortura[1].

Muchas gracias.

[1] Este relato figura completo en la página Web: http://leandrodespouy.com/cuento-la-confesion-de-leandro-despouy.html

9º Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars – Análisis de caso del Genocidio de los armenios

9º Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars – Análisis de caso del Genocidio de los armenios

Análisis de caso del Genocidio de los armenios

Negacionismo en las Naciones Unidas

Leandro Despouy

9º Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars

Buenos Aires, 19 a 22 de julio de 2011

Abstract.

La  experiencia muestra que la lucha por la prevención del crimen de genocidio pasa, en gran medida, por su reconocimiento y sanción. Prueba de ello es la  creación de tribunales internacionales como el histórico de Núremberg y, más recientemente, los de la ex Yugoslavia, Ruanda, entre otros. Sin embargo, el Genocidio de los armenios, perpetrado hace 95 años por el Imperio Otomano y la República de Turquía, no ha sido reconocido por ese Estado, configurando un caso emblemático de negacionismo. En 1985, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó, a pesar de la férrea oposición del gobierno turco, el conocido informe del experto inglés Benjamín Whitaker, donde se califica el Genocidio de los armenios como el primero del siglo XX, lo que constituye el primer reconocimiento categórico a nivel internacional. A nivel académico, este Genocidio se ha transformado en algo indiscutible, pero no se suele evocar el reconocimiento de la Subcomisión. Asimismo, diversas instancias políticas están generalizando su condena pero se ha banalizado el reconocimiento de 1985 –favoreciendo la tesis turca, que siempre quiso ignorarlo–. El propio Secretario General de la ONU, hasta hoy, no se ha pronunciado terminantemente sobre este punto, alegando que son los órganos de las Naciones Unidas los encargados de hacerlo. Se gesta así, por el concurso de estas tres circunstancias –académicas, políticas y onusianas–, una suerte de negacionismo. En este trabajo analizo dichas circunstancias e incluyo propuestas concretas para revertir este proceso de regresivo en el interior de las Naciones Unidas.

***

Introducción

En diciembre de 2010, pude decirle al presidente de Armenia, Serge Sarkisian, ante a muchos expertos que hoy están en esta Conferencia, que desde hace décadas he compartido la lucha de su pueblo, sus anhelos y empeño en el restablecimiento de la  justicia, la vigencia del derecho a la verdad y la condena del negacionismo. También le expresé que en el curso de ese camino habían ocurrido hechos de enorme significación para mi vida y que esos hechos me habían llevado a su país. Me refería al reconocimiento del Genocidio de los armenios por Naciones Unidas en 1985.

En la actualidad, la mención del tema “Genocidio de los armenios” es, en la ONU, casi inexistente y, al mismo tiempo, la documentación onusiana de la época en que se produjo el reconocimiento es prácticamente inaccesible. Tampoco este genocidio forma parte de actividades, publicaciones, comunicados, efemérides o declaraciones provenientes del Secretario General ni de la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio[1], que actúa en su ámbito desde 2001[2]. La única referencia onusiara realizada en forma periódica es la de la República de Armenia en la Asamblea General y en los organismos.

Antecedentes

En 1985, como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y como diplomático del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, participé activamente del arduo debate que culminó con la aprobación del Informe del experto inglés Benjamin Whitaker, que consagró el reconocimiento internacional del Genocidio de los armenios por las Naciones Unidas. En ese momento se estaban dando los primeros pasos para la consolidación del principio de jurisdicción universal y transitábamos hacia un mundo en el que los derechos humanos serían el eje central de los procesos democráticos y de las relaciones entre los Estados.

El reconocimiento del Genocidio por la ONU tuvo gran alcance: a  partir de entonces cambiaron las relaciones de la República de Armenia con la Diáspora,  Turquía y el mundo. Países, parlamentos nacionales y regionales, presidentes –Miterrand y Alfonsín en 1986 y 1987– produjeron sucesivos reconocimientos del Genocidio y Turquía, desde 1987, tiene condicionado su ingreso a la Unión Europea por esta causa. También fue relevante el impacto en el orden internacional y en el campo de los derechos humanos. El principio básico en que se sustentó el reclamo de reconocimiento fue el derecho de los pueblos a la memoria, y su enunciación gestó, acompañó y profundizó la consagración del derecho a la verdad en tanto derecho inalienable, irrenunciable y vinculante para todos los Estados. En 2006, como relator de la ONU por la independencia de la Justicia  tuve a mi cargo la formulación jurídica de este derecho[3]. No obstante, la negativa de Turquía al reconocimiento impide a las víctimas y sus descendientes y a la República de Armenia que se ejecute su derecho a reparaciones y demás compensaciones individuales y colectivas.

El Genocidio de los armenios ha contribuído a la creación de instrumentos internacionales, jurisprudencia, y una gran diversidad de procedimientos., pero, a diferencia de la Shoá, es un caso que sigue abierto como consecuencia del negacionismo. Turquía produce una doble negación: por un lado niega la existencia misma del Genocidio; por otro, se niega a aceptar una negociación sustentada en su reconocimiento. Por el contrario, transformó la negación del Genocidio en el eje de su política exterior y también de su política interna. Creo que es un caso único en la historia; por ejemplo, el conflicto de Palestina ha suscitado negociaciones y, a pesar de que subsiste como conflicto, tiene otra dinámica.

Recapitularemos algunos hechos significativos en materia de derechos humanos al solo efecto de visualizar la secuencia que antecede al reconocimiento en la ONU: el Juicio de Núremberg se produjo entre 1945 y 1946. En 1946, las recién creadas Naciones Unidas aprueban por unanimidad, en su primer periodo de sesiones, dos resoluciones: se afirman los principios de derecho internacional reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Núremberg y la sentencia de ese Tribunal (Resolución 95-I). La Asamblea General, el 11 de diciembre de 1946, afirma por primera vez que el genocidio es un crimen de derecho internacional.

En 1947, se redacta en Naciones Unidas un documento confidencial para ser tratado por la Comisión de Derechos Humanos titulado “Informaciones sobre los derechos del Hombre resultantes de los procesos sobre los crímenes de guerra”. Aunque estaba referido a la Segunda Guerra Mundial, contenía un capítulo sobre el desarrollo jurisprudencial en materia de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” que habían tenido lugar durante la Primera Guerra y mencionaba la Declaración del 28 de mayo de 1915, suscripta por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, que hacía responsable al gobierno de Turquía de las matanzas contra los armenios y las calificaba como “crímenes contra la humanidad y la civilización”[4]. Este documento  motivó la creación de un subcomité en el seno de la Comisión, entonces presidida por Eleanor Roosevelt, que recomendó que fuera publicado. Pero allí se habla de “masacres” y no de “genocidio”. En 1948 es aprobada la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Genocidio, que entró en vigor el 12 de enero de 1951, cuando veinte Estados –entre ellos, Turquía­– la ratificaron.

El párrafo 30

En la ONU existen dos ámbitos para tratar la problemática de derechos humanos: uno intergubernamental, la Comisión de Derechos Humanos –desde 2007, Consejo–; y otro compuesto por expertos independientes elegidos en forma secreta: la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías –luego denominada Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos–. En 1971, la Comisión solicitó a la Subcomisión un estudio sobre la “cuestión de la prevención y castigo del crimen de genocidio”. El tema se discutió toda esa década con marchas, contramarchas y sondeos diplomáticos; el problema de fondo era si se calificaba de genocidio a las matanzas cometidas por el Estado turco contra los armenios, o no.

En 1973 y 1975 el primer Relator Especial, el experto ruandés Nicodème Ruhashyankiko, remitió dos informes preliminares  a la Subcomisión; ambos contenían un párrafo –el nº 30– que decía:

“En tiempos modernos, debe prestarse atención a la existencia de abundante documentación imparcial relativa a la masacre de los armenios, considerada como el primer genocidio del siglo XX”.

Pero en el informe final, presentado a la subcomisión en 1978 y remitido a la Comisión en 1979, el párrafo 30, que a esa altura era el único que contenía una mención del Genocidio de los armenios, había desaparecido del documento. Esto suscitó discusiones semánticas, presiones diplomáticas y disputas entre Estados, organizaciones no gubernamentales y grupos movilizados por la cuestión. El tema llevaba ya siete años. Se desató una ola internacional de protestas y desde el presidente de la Comisión hasta el gobierno estadounidense bajo la administración de James Carter pidieron una revisión del informe que contemplara la mención del tema armenio. El relator ruandés, que había incluído el tema del genocidio de los armenios en su informe, retiró esa mención a raíz de las presiones  y abandonó para siempre el ámbito internacional

Lo cierto es que los párrafos referidos al Genocidio, 28, 29 y 30 habían aparecido y desaparecido de informes preliminares y había sucedido algo impensable: que la Comisión de Derechos Humanos discutiera un informe de la Subcomisión antes de que fuera aprobado por ésta. Turquía y sus aliados habían logrado que el ámbito gubernamental alterara procedimientos en la ONU y además tuviera injerencia sobre un principio fundamental: la independencia de los expertos.

Aprobación del Informe de Benjamin Whitaker

 Recién en 1983 [Resolución 33/1983] la Comisión de Derechos Humanos elige un nuevo relator, el experto británico Benjamin Whitaker, miembro de la Subcomisión. En sendas resoluciones, la Comisión y la Subcomisión le solicitan a Whitaker que revise y actualice un estudio sobre genocidio. Con su elección se pretendía que el tema del Genocidio de los armenios fuera nuevamente sometido a discusión y, de esa manera, desandar y reparar lo que las presiones diplomáticas de Turquía y sus aliados habían logrado.

La diplomacia turca realiza una campaña internacional centrada en tres temas: a) la negación del Genocidio, a partir de retomar la vieja tesis de que las condiciones creadas por la guerra hacían necesaria la deportación; b) Turquía plantea que un informe de la ONU en el sentido del propuesto incrementaría actos del terrorismo[5]; c) se basa en una cuestión de procedimiento y dice que el nuevo relator está impedido de reflotar el informe del anterior, soslayando el hecho de que el nuevo relator, Whitaker, tenía el mandato de “revisar y actualizar” el informe anterior en su totalidad.

En abril de 1984, el Tribunal Permanente de los Pueblos –un tribunal de opinión heredero del Tribunal Russell– hace responsable a Turquía de haber cometido un genocidio contra los armenios.

Durante dos años, la Subcomisión discute el tema y se suceden presiones diplomáticas y tergiversaciones semánticas, desaparece documentación, etc., hasta que el informe queda listo e inscripto en el orden del día para su tratamiento. Es agosto de 1985 y en Buenos Aires se ha iniciado el Juicio a las Juntas Militares; la situación internacional ha cambiado y el contexto internacional es favorable al debate que se realizará en la Subcomisión.

La resolución[6] relativa al informe de Whitaker –cuyo párrafo 24 incluye el Genocidio de los armenios– fue aprobada el 29 de agosto de 1985 por la Subcomisión, presidida por la experta griega Irene Daes, por 14 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra[7]; Whitaker no votó por razones éticas. Esa sesión, en la que intervine junto a Louis Joinet y Theo van Boven, entre otros expertos, tuvo un innegable carácter histórico.

Se presentaron dos proyectos de resolución: L.15 y L.16. La estrategia de desdoblar la aprobación del informe en dos resoluciones fue acertada. La primera [L.15) se refería al cuerpo del informe y contenía una mención expresa al Genocidio de los armenios. La segunda [L.16], se refería a sus recomendaciones. Sabíamos, por el tenor del debate, que la segunda tenía altas probabilidades de no ser aprobada; por ello centramos el esfuerzo en aprobar la primera y salvar el informe.

En el proyecto de resolución L.15 se “toma nota” del informe, se “felicita y agradece” al Relator y se “recomienda” que los Estados miembros aceleren la ratificación de la Convención sobre Genocidio. Esta resolución (1985/9) se aprueba luego de un debate feroz e interminable que se prolongó durante casi los 30 días de la sesión. El riesgo mayor, una enmienda reprobatoria introducida por sus detractores, fue rechazada a último momento y se mantuvieron las felicitaciones y agradecimientos al relator por la labor realizada [8]. Es el fin de una batalla diplomática sin precedentes librada en el seno de las Naciones Unidas y quizás uno de los debates más ricos, apasionantes y agotadores de los que  registra la historia de la organización.

Los argumentos de la diplomacia turca para descalificar el contenido del informe y el procedimiento de aprobación se centraron en tres explicaciones:

Primero: la divergencia de opiniones entre los expertos. Este hecho, que era cierto, no estuvo referido a la negación del Genocidio sino a la supuesta falta de competencia de la Subcomisión para abordarlo. Ello, en un contexto internacional de Guerra Fría y ante  el temor de muchos países a procesos similares  de apertura y revisión de su propia historia.

Segundo: que el informe no había sido aprobado y la Subcomisión sólo “tomaba nota” de él. Este argumento encierra una falacia, ya que “tomar nota” es una fórmula de rigor que se utiliza en la Comisión y en la Subcomisión para referirse a los informes que se tratan en sus respectivos ámbitos. Así, se pretendía negar el sentido positivo del trámite procesal que se desarrolló en la Subcomisión y que fue el más largo y controvertido de su historia.

Tercero: la Resolución aprobada no disponía que el Informe se transmitiera a la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico Social. Aunque verdadero, esto era irrelevante, ya que el informe completo de los trabajos de la Subcomisión fue sometido a consideración de la Comisión en su período de sesiones febrero-marzo de 1986. La omisión también fue deliberada ya que los expertos sosteníamos que si había sido difícil incluir la mención del Genocidio de los armenios en la Subcomisión, la situación en la Comisión, por su carácter gubernamental, hubiera sido adversa y, de todos modos, el informe de Whitaker iba a ser tratado cuando se aprobara el informe general sobre los estudios de la Subcomisión.

Conclusiones

Me he permitido recordar este extenso proceso por el que el Genocidio de los armenios fue reconocido en las Naciones Unidas en 1985, no sólo porque hoy es muy poco conocido, a raiz de las distorsiones introducidas por el negacionismo, sino porque en ese momento tuvo una enorme repercusión internacional y representó un verdadero cambio cultural en las concepciones y el comportamiento de la Diáspora que, a partir de ahí pudo evocar sin limitaciones la tragedia vivida y silenciada durante más de cincuenta años. Entiendo que este hecho es trascendental y marcó un antes y un después porque desde entonces se sucedieron con rapidez y regularidad pronunciamientos múltiples de países, parlamentos, organismos, etc. reconociendo el Genocidio de los armenios.

Aquel reconocimiento –hoy ignorado– rompió los portones del negacionsimo, legitimó y dio contenido político a las luchas y reivindicaciones por el reconocimiento, y lo transformó en un condicionante de las relaciones de Turquía con el mundo. Sin aquel antecedente y la movilización que creó, difícilmente la Unión Europea podría haber planteado, en 1987, el reconocimiento del Genocidio como exigencia para aprobar la incorporación de este país.

No fueron las revelaciones académicas las que abrieron al mundo las puertas del reconocimiento. Lo que las abrió y permitió los primeros pasos en la escena internacional fue el reconocimiento en las Naciones Unidas. Por eso es tan importante recordarlo y, sobre todo, defenderlo, difundirlo y proyectarlo

Y si bien la diplomacia turca no intentó reabrir este debate en la ONU, su política negacionista ha transitado por otros carriles. Prueba de ello es que ninguno de los expertos del Secretario General de la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio hablan del Genocidio de los armenios o soslayan el tema. Los sucesivos secretarios generales no se han pronunciado sobre este reconocimiento, que implicaría disponer de una herramienta fundamental a la hora de participar en una mesa de negociaciones entre Armenia y Turquía y, sin duda de un arma de peso en la prevención de genocidios.

El negacionismo es la antinomia de la solución pacífica de controversias. La experiencia lo muestra y bien sabemos sobre sus perniciosos efectos y su nefasta perdurabilidad tanto en el nivel internacional, donde las relaciones políticas y económicas con el mundo se ven trabadas en los países que lo practican; como en el nivel nacional, donde imponer el negacionismo significa necesariamente socavar el Estado de derecho, exaltar las prácticas represivas, la persecución, amordazar la justicia y, al mismo tiempo, favorecer su repetición,.

Propuesta de resoluciones de la 9ª Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars:

 

  • Incluir en la declaración o documento final un párrafo que plantee que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales deberían luchar contra todas las formas de negacionismo y evitar sus nefastas consecuencias;
  •  Requerir a los representantes del Secretario General de las Naciones Unidas que cumplen su mandato en la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio que reconozcan en sus manifestaciones que el genocidio cometido contra los armenios entre 1915 y 1923 fue reconocido por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en 1985, como el primer genocidio del siglo XX.

 

[1] Disponible en URL: http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/index.shtml

[2] El mandato fue creado en 2001 por el Consejo de Seguridad (Resolución 13.166). Entre 2004 y 2007, fue asesor el argentino Juan Méndez. Sus actuales titulares son Edward Luck y Francis Deng (2007).

[3] Despouy, Leandro. Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas. El Informe reseña los aspectos más significativos de este derecho y las vicisitudes históricas por las que atravesó hasta lograr su consagración jurídica y su proyección universal como un derecho autónomo e inalienable y como componente indisoluble del derecho a la justicia. Cuando se han llevado a cabo violaciones manifiestamente graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, los Estados tienen la obligación positiva de arbitrar mecanismos judiciales y extrajudiciales para el conocimiento de la verdad y la  reparación de las víctimas. Esa es una obligación que trasciende los imperativos estrictos del Estado de derecho, para situarse también en el plano ético y moral de toda sociedad, en la medida en que el conocimiento de la verdad es, además de un derecho, el único camino que permite restaurar la dignidad de las víctimas.

E/CN.4/2006/52 Capítulo III “Administración de justicia y derecho a la verdad”.

[4] En 1915, en conocimiento de lo que estaba sucediendo con los armenios en Turquía, hubo un compromiso de Francia, Inglaterra y Rusia de juzgar a los responsables de esos “crímenes contra la humanidad”; pero esto no sucedió. En 1919, en la Conferencia de Paris se interpretó que las instituciones y la legislación internacional no eran adecuadas para hacerlo; el corpus legal de la Conferencia establecía la posibilidad de juzgar crímenes cometidos entre estados, pero no los perpetrados contra sus propios habitantes –y los armenios eran súbditos otomanos–.. Y aunque establecía la creación de un tribunal, tampoco fueron juzgados en virtud del Tratado de Sèvres (1920); ni prosperó una contradictoria iniciativa de juzgamiento de Gran Bretaña, bajo su legislación; los prisioneros en su poder, en Malta, fueron devueltos a Ankara y liberados. Las cortes marciales dispuestas por el gobierno otomano (1918-1922) que establecieron condenas –algunas pocas se llevaron a cabo– fueron levantadas por el Movimiento Nacionalista Turco y sus archivos –ocultos, dispersos, incompletos, destruídos o robados, según el historiador Taner Akcam– serían una de las fuentes importantes para ratificar el planificado aniquilamiento de la población armenia. Muchos de los incriminados recibieron altos cargos en el gobierno nacionalista. En la Conferencia de Lausana (1922-23)  todos los criminales fueron amnistiados.

[5] Se habían producido algunas acciones armadas de grupos armenios contra diplomáticos turcos.

[6] “Versión revisada y actualizada del Estudio sobre la cuestión de la prevención y represión del crimen de genocidio, elaborado por M.B.Whitaker” E/CN.4/Sub.2/1985/6 Y E/CN.4/Sub.2/1985/6/Corr.1

[7] Se abstienen Alfonso Martínez, de Cuba; Al-Khasawneh, de Jordania; Chowdhury, de Bangladesh, y Dahak, de Marruecos. El  voto en contra es el del experto ruso Sofinsky.

[8] En el proyecto de resolución L. 16, un cierto número de propuestas y recomendaciones contenidas en el Informe son elevadas a la Comisión de Derechos Humanos. Entre ellas, la modificación de la Convención sobre Genocidio y la creación de una Corte de Derechos Humanos con competencia penal internacional. El proyecto L.16 no fue aprobado. Es lamentable porque proponía modificaciones a la Convención sobre Genocidio que todavía no han sido consideradas. La otra recomendación se adelantó 15 años a la creación efectiva de la Corte Penal Internacional, pero entonces el mundo no estaba preparado para semejante empresa.

Discurso de Leandro Despouy al recibir la condecoración Mejitar Gosh

Discurso de Leandro Despouy al recibir la condecoración Mejitar Gosh

SARKISIAN-DESPOUY

República de Armenia, diciembre de 2010

Agradezco al presidente de Armenia Serge Sarkisian por haberme honrado con la prestigiosa condecoración Mejitar Gosh. Ello muestra la generosa hospitalidad del Estado y el pueblo armenios, que me han permitido participar y hacer propia una causa de tan elevada significación como es el reconocimiento internacional del Genocidio que sufrió este pueblo entre 1915 y 1923 a manos del Imperio Otomano y la República de Turquía. Desde hace décadas he podido compartir la lucha del pueblo armenio, sus anhelos y decidido empeño en el restablecimiento de la  justicia, la vigencia del derecho a la verdad y la condena del negacionismo. En el curso de este camino que hemos transitado juntos han sucedido hechos de una enorme significación para mi vida y son esos hechos los que hoy me traen a este país.

En 1985, como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y como diplomático de la recién inaugurada democracia argentina liderada por el presidente Raúl Alfonsín, participé activamente del arduo debate que culminó con la aprobación del Informe del célebre experto inglés Benjamin Whitaker, que consagró el reconocimiento internacional del Genocidio por las Naciones Unidas. En ese momento se estaban dando los pasos iniciales que habrían de consolidar el principio de jurisdicción universal y transitábamos hacia un mundo en el que los derechos humanos serían el eje central de los procesos democráticos y de las relaciones entre los Estados.

 Por ello, el reconocimiento de la ONU tuvo una enorme trascendencia. No me atrevo a asumir la responsabilidad de describirlo, pues se trata de un acontecimiento que conmocionó a varias generaciones de armenios y proyecta su impacto sobre las futuras. A partir de allí cambiaron definitivamente las relaciones entre  la República de Armenia y la Diáspora, y la de este país con la República de Turquía y con el mundo. Prueba de ello fueron los sucesivos reconocimientos del Genocidio que llevaron a cabo numerosos países, parlamentos nacionales y regionales, entre otros. La trascendencia de ese cambio se proyecta hasta hoy y se verifica, por ejemplo, en los condicionamientos al ingreso de  la República de Turquía en la Unión Europea.

El reconocimiento fue una larga lucha de la Diáspora que cohesionó su cimientos y una auténtica conquista de quienes habían sido víctimas y sus descendientes. Por ello se transformó en un símbolo de  identidad que conquistó un espacio en la escena internacional. Ese patrimonio debe ser custodiado y  compartido  de manera cuidadosa porque se trata de un logro común y todos  debemos participar en su resguardo y preservación.

Además del impacto al interior de la Diáspora y de Armenia fue muy relevante el que tuvo en el nivel internacional y en el campo de los derechos humanos. El principio básico en que se que sustentó el reclamo de reconocimiento fue el derecho de los pueblos a la memoria, y su formulación jurídica gestó, acompañó y profundizó la consagración del derecho a la verdad en tanto derecho inalienable, irrenunciable y vinculante para todos los Estados.

Esta fue la contribución invalorable de los armenios a la apertura y desarrollo de un debate de alcance universal –aunque con progresos desiguales según las regiones– a partir  del cual el mundo no olvidaría jamás hechos aberrantes y repudiables que ofenden la condición humana como son los genocidios y los crímenes contra la humanidad.

Desde entonces se produjo una evolución vertiginosa, deslumbrante, en el  juzgamiento de este tipo de crímenes por tribunales nacionales e internacionales, al extremo de que hoy es tan familiar hablar del tribunal que juzgó a los militares de Argentina como de los tribunales internacionales o mixtos de Camboya, Sierra Leona, Ruanda, ex Yugoslavia, etc. A ello se suma la aplicación del principio de jurisdicción universal por los tribunales nacionales, lo que permite el juzgamiento de este tipo de crímenes aun cuando se los hubiese cometido fuera de las fronteras nacionales.

En realidad, si es mucho lo que Armenia le debe al mundo por el reconocimiento,  es todavía más lo que el mundo le debe a Armenia por haber logrado, en condiciones harto difíciles, la reconstrucción del tejido inicial de la memoria, de su legitimidad entre los pueblos y, al mismo tiempo, la construcción jurídica del derecho a la verdad.

Recordemos que en 1915, en conocimiento de lo que estaba sucediendo con los armenios en Turquía, hubo un compromiso de Francia, Inglaterra y Rusia de juzgar a los responsables de esos “crímenes contra la humanidad”; pero esto no sucedió. En 1919, en la Conferencia de Paris se interpretó que las instituciones y la legislación internacional no eran adecuadas para hacerlo; el corpus legal de la Conferencia establecía la posibilidad de juzgar crímenes cometidos entre estados, pero no los perpetrados contra sus propios habitantes –y los armenios eran súbditos otomanos–.

Y aunque establecía la creación de un tribunal, tampoco fueron juzgados en virtud del Tratado de Sèvres (1920); ni prosperó una contradictoria iniciativa de juzgamiento de Gran Bretaña, bajo su legislación; los prisioneros en su poder, en Malta, fueron devueltos a Ankara y liberados. Las cortes marciales dispuestas por el gobierno otomano (1918-1922) que establecieron condenas –algunas pocas se llevaron a cabo– fueron levantadas por el Movimiento Nacionalista Turco y sus archivos –ocultos, dispersos, incompletos, destruídos o robados, según el historiador Taner Akcam– serían una de las fuentes importantes para ratificar el planificado aniquilamiento de la población armenia. Muchos de los incriminados recibieron altos cargos en el gobierno nacionalista. En la Conferencia de Lausana (1922-23)  todos los criminales fueron amnistiados.

Ésta y muchas otras razones ubican a Armenia, luego del veredicto de la ONU, en un sitio particular por tratarse de  una comunidad nacional que fue víctima, atravesó las encrucijadas del silencio y vivificó su dignidad a través del reconocimiento.  Ello constituye un ejemplo edificante de lo mejor de la condición humana, de la identidad de los pueblos y de su lucha para prevenir futuras repeticiones. Vivimos en un mundo agitado por la violencia, las guerras larvadas y, en las últimas décadas, hemos visto renacer el espectro de los genocidios en los Balcanes, Camboya; en la región de los Grandes Lagos en África y en la actualidad las situaciones en Sudán y en la República Democrática del Congo son muy preocupantes. Estos casos son muestras de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre el futuro de la humanidad.

En ese contexto, Armenia tiene un rol y una responsabilidad mayúsculos en la promoción y establecimiento de espacios como el Seminario que se celebra en estos días y así también en otros foros permanentes, como institutos y academias, desde donde se impulsan reflexiones en favor de la prevención y acciones encaminadas a frenar hechos o acontecimientos capaces de configurar, por su gravedad o nivel de desarrollo, procesos genocidas o crímenes contra la humanidad. Por ello, sólo una adecuada articulación de esfuerzos entre el Estado armenio y la sociedad civil de la Diáspora permitirá desarrollar estrategias verdaderamente eficaces para derrotar definitivamente el negacionismo.

Armenia tiene la experiencia y la autoridad moral para hacerlo. La paz es un camino sinuoso y cada día más difícil de alcanzar, al menos en varias regiones del planeta. La del Cáucaso, como tantas otras, necesita atenuar riesgos. En ese sentido, las amenazas de Azeibarján, como aliado de Turquía, sobre Nagorno Karabagh representan un peligro real para su población y para la propia República de Armenia. En estas circunstancias, la lucha por la prevención de los genocidios no sólo es una propuesta noble y fecunda para el mundo, sino que tiene un anclaje específico en la región.

Este es el camino que marca la experiencia armenia y que convoca al mundo como herramienta de paz y de solución pacífica de controversias. El negacionismo es su antinomia y bien sabemos sus perniciosas consecuencias y su nefasta perdurabilidad tanto en el nivel internacional, donde las relaciones políticas y económicas con el mundo se ven trabadas en los países que lo practican, tal es el caso de Turquía; como también internas, donde imponer el negacionismo en el nivel nacional significa necesariamente socavar el Estado de derecho, exaltar las prácticas represivas, la persecución, y, al mismo tiempo, amordazar la justicia.

Al recibir esta condecoración no puedo menos que desear para Armenia el destino de paz y prosperidad que se merece. Deseo también la resolución pacífica de sus controversias, en armonía con sus intereses históricos muchas veces dañados y postergados, en un contexto regional extremadamente complejo en el pasado y en la actualidad.

Vengo de un país donde el reconocimiento del Genocidio de los armenios es una política de Estado, y me siento unido a este pueblo por la lucha en la que participamos juntos y por la enorme contribución que han hecho a la Argentina que los acogió y, al mismo tiempo, recibió de ustedes el más firme empeño de genuina laboriosidad, cualidades  que hoy se expresan en el campo profesional, las ciencias y la vida pública.

Señor Presidente

Qué importante es para nosotros este momento, en que podemos sentir que ya formamos parte de una historia común.


 

 

Խորին շնորհակալութիւններս Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ՝ պարոն Սերժ Սարգսեանին, որ զիս մեծարած է «Մխիթար Գոշ» շքանշանով։ Այս պատիւը ապացոյց մըն է Հայաստանի պետութեան ու ժողովուրդին հիւրընկալութեան, որ զիս առիթ տուած է մասնակից ըլլալու եւ իմ սեփականութիւնս դարձնելու այդքան գերազանց նշանակութիւն ունեցող դատ մը ինչպէս է 1915էն 1923 թուականներուն Օսմանեան Կայսրութեան եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան կողմէ գործադրուած Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը։ Տասնամեակներէ ի վեր կարողացած եմ մօտենալ հայ ազգի պայքարին եւ պահանջքին, ինչպէս նաեւ արդարութեան վերահաստատման ջանքերուն, ճշմարտութեան իրաւունքի հաստատման եւ ճխտողականութեան դատապարտման։ Միասնաբար շրջած այս ճանապարհին ընթացքին պատահած են դէպքեր որ մեծ նշանակութիւն ունեցած են իմ անձնական կեանքիս համար, եւ այդ դէպքերն են որ այսօր ինձ կը բերեն մինչեւ այս երկիրը։

1985 թուականին, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Մարդկային Իրաւանց Ենթայանձնախումբին որպէս անդամ, եւ Նախագահ Ռաուլ Ալֆոնսինի ղեկավարած նոր հաստատուած արժանթինեան ժողովրդավարութեան դիւանագէտ, գործօն մասնակցութիւն ունեցած եմ երկար բանավէճերու, որուն եզրափակումը եղաւ Պենճամին Ուիթըքէր անգլիացի հռչակաւոր մասնագէտի Տեղակագրի ընդունումը, որ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան կողմէ Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը հռչակեց։ Այդ ժամանակ սկզբնական քայլերը տեղի կ’ունենային որ պիտի ամրացնէին համաշխարհային գետնահողի սկզբունքը, եւ կ’ուղղուէինք դէպի աշխարհ մը ուր մարդկային իրաւունքները հիմնական առանցքը պիտի ըլլային ժողովրդավարական ընթացքներուն եւ պետութեանց միջեւ փոխ-յարաբերութեանց։

Առ այդ, ՄԱԿի կողմէ ճանաչումը մեծ արձագանգ գտաւ։ Չեմ համարձակիր զայն նկարագրելու պատասխանատուութիւնը ստանձնել, տրուած ըլլալով որ եղաւ հայերու մի քանի սերունդներ ցնցող դէպք մը, եւ ապագայ սերունդներուն վրայ ալ ազդեցութիւն պիտի ունենայ։ Ատկէ ետք բոլորովին փոխուեցան Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Սփիւռքի միջեւ յարաբերութիւնները, եւ այս երկրի ու Թուրքիոյ եւ աշխարհի հետ յարաբերութիւնները։ Անոր ապացոյցը եղաւ Ցեղասպանութեան ճանաչման հետեւողական ցոյցերը, ի միջի այլոց, շատ մը երկիրներու ազգային եւ շրջանային Խորհրդարաններու կողմէ։ Այս փոփոխութեան կարեւորութիւնը կը շարունակուի մինչեւ այսօր եւ յայտնի կ’ըլլայ, օրինակ, Եւրոմիութեան մէջ Թուրքիոյ մուտքին պայմանաւորուածութեան։

Ճանաչումը Սփիւռքին կողմէ մղուած երկար պայքար մը եղաւ որ անոր հիմքերը ամրապնդեց, ինչպէս նաեւ զոհերուն ու անոնց ժառանգորդներուն իսկական յաղթանակ մը։ Առ այդ վերածուեցաւ ինքնութեան խորհրդանիշ մը, որ միջազգային բեմին վրայ տեղ գրաւեց։ Այդ գանձը պէտք է պահպանուի եւ զգուշութեամբ կիսուի, որովհետեւ միասնական նուաճում մըն է եւ բոլորս պէտք է մասնակից դառնանք անոր պահպանման։

Սփիւռքի եւ Հայաստանի համար նշանակած ցնցումէն զատ հիմնական եղաւ միջազգային բերումով եւ մարդկային իրաւանց դաշտին մէջ ունեցած արձագանգին։ Ճանաչման պահանջքի հիմնական հիմնաւորումը եղաւ «ազգերու յիշողութեան իրաւունքը», եւ անոր իրաւական ներկայացումը ծնունդ տուաւ, ընկերակցեցաւ եւ խորացուց ճշմարտութեան իրաւունքի հռչակումը որպէս բոլոր պետութեանց անխախտելի, անհրաժարելի եւ հիմնական իրաւունք։

Այս եղաւ հայերու թանկագին մասնակցութիւնը տիեզերական հասողութիւն ունեցող բանավէճի մը բացումին եւ զարգացման –որ սակայն ըստ շրջանին տարբեր եւ անհաւասար յառաջացումներ ունեցաւ-, որմէ ետք աշխարհը երբեք պիտի չի մոռնար մարդկութեան դէմ գործուող սոսկալի դէպքեր, ինչպէս են ցեղասպանութիւնները եւ մարդկութեան դէմ ոճիրները։

Ատկէ վերջ տեղի ունեցաւ արագ զարգացում մը, հոյակապ, այս տեսակ ոճիրներու նկատմամբ ազգային եւ միջազգային դատարաններու կողմէ դատաւարութեանց մէջ, այդքան որ ներկայիս պարզ բան է խօսիլ Արժանթինի զինուորականներուն դատապարտող դատարանի կամ Գամպոժայի, Սիէռա Լէոնայի, Ռուանտայի, նախկին Եուկոսլավիօ եւ այլ վայրերու միջազգային դատարաններուն։ Անոր կ’աւելնայ ազգային դատարաններու նկատմամբ միջազգային իրաւասութեան սկզբունքը, ինչ որ կ’արտօնէ այս տեսակ ոճիրներու դատապարտումը նոյնիսկ եթէ գործադրուած ըլլան երկրի մը սահմաններէն դուրս։

Իրականութեան մէջ, եթէ Հայաստանը մեծապէս պարտաւոր է աշխարհին ճանաչման պատճառով, առ աւելի պարտաւոր է աշխարհը Հայաստանի հանդէպ կարողացած ըլլալու, սոսկալիօրէն դժուար պայմաններու մէջ, յիշողութեան ցանցի սկզբնական վերաշինութեան, ազգերու միջեւ անոր օրինաւորութեան եւ, նոյն ժամանակ, ճշմարտութեան իրաւունքի իրաւական կառուցման։

Հարկ է յիշել թէ 1915 թուականին, Թուրքիոյ մէջ հայերու կացութեան ծանօթ ըլլալով՝ Ֆրանսան, Անգլիան եւ Ռուսիան յանձնառութիւն առին «մարդկութեան դէմ այդ ոճիրներուն» պատասխանատուներուն դատելու, ինչ որ սակայն տեղի չ’ունեցաւ։ 1919 թուականին, Փարիզի Խորհրդաժողովի ընթացքին, հասկացուեցաւ թէ հաստատութիւններն ու միջազգային օրէնքները յարմար դէին անոր համար. Խորհրդաժողովի հիմնական գաղափարը կը հաստատէր պետութեանց միջեւ գործադրուած ոճիրներու դատապարտումը, սակայն ոչ իրենց սեփական բնակչութեան դէմ գործադրուածներուն պարագային –եւ հայերը օսմանեան հպատակ էին-։

Ու թէեւ կը հաստատէր դատարանի մը ստեղծումը, նոյնպէս չի դատապարտուեցաւ Սեւրի Դաշնագրին հիմնուելով (1920), եւ չի յաջողեցաւ Մեծն Բրիտանիոյ կողմէ իր օրէնքներու համաձայն դատապարտման նախաձեռնութիւն մը։ Իր ձեռքին տակ գտնուող բանտարկեալները, Մալթայի մէջ, վերադարձուեցան Անգարա եւ ազատ արձակուեցան։ Օսմանեան կառավարութեան կողմէ հաստատուած ռազմական դատարանները (1918-1920) որոնք վճիռ տուին –անոնցմէ քիչերը գործադրուեցան- վերցուեցան Թրքական Ազգայինական Շարժումին կողմէ, եւ անոնց արխիւները –պահուած, տարածուած, թերի, քանդուած կամ գողցուած, ըստ պատմաբան Թանէր Աքճամի- ամենակարեւոր աղբիւրներէն պիտի ըլլային հաստատելու համար հայ ժողովուրդի ոչնչացման ծրագրին։ Մեղադրեալներէն շատերը բարձր պաշտօններ ստանձնեցին ազգային կառավարութեան մէջ։ Լոզանի Խորհրդաժողովին մէջ (1922-23) բոլոր ոճրագործները ներում ստացան։

Ա՛յս եւ ուրիշ այլ պատճառներ ՄԱԿի վճիռէն ետք Հայաստանին կը դնեն յատուկ տեղ մը տրուած ըլլալով որ զոհ եղող ազգային համայնք մըն է, լռութեան խաչմերուկներէն անցած է եւ իր արժանապատուութիւնը ապրած է ճանաչման ճամբով։ Ասիկա կառուցողական օրինակ մըն է մարդկութեան ամենէն լաւ տեսակէտին, ժողովուրդներու ինքնութեան եւ ապագային նոյնատեսակ կրկնութիւններ չունենալու անոր պայքարին։ Բռնութեան, պատերազմներով ազդուած աշխարհ մը կ’ապրինք, եւ վերջին տասնամեակներուն ցեղասպանութեանց ուրուականի վերածնունդը տեսած ենք Պալքաններու, Գամպոճիոյ, Ափրիկէյի Մեծ Լիճերու մէջ, եւ ներկայիս Սուտանի եւ Գոնկոյի Ժողովրդավար Հանրապետութեան կացութիւնները շատ մտահոգիչ են։ Ասոնք օրինակներ են մարդկութեան ապագայի վրայ ճնշող վտանգներուն ու սպառնալիքներուն։

Այս համատեքստի մէջ, Հայաստան հսկայ դեր եւ պատասխանատուութիւն ունի այս օրերուն տեղի ունեցող սեմինարին նման մթնոլորտներու աջակցութեան եւ ստեղծման նկատմամբ, ինչպէս նաեւ այլ տեսակի մնայուն ատեաններու, ինչպէս եւ հաստատութիւններ կամ ակադեմիաներ, ուր առիթ կը տրուի կանխարգիլման ի նպաստ գաղափարներու մշակումին, եւ իրենց լրջութեան կամ զարգացման ընթացքի համաձայն մարդկութեան դէմ ոճիրներ կամ ցեղասպան ծրագիրներ նկատուող դէպքեր։ Առ այդ, միայն հայկական պետութեան եւ Սփիւռքի համայնքային ընկերութեան գործունէութեանց միջեւ յարմարագոյն համագործակցութիւնը պիտի թոյլատրէ իսկապէս գործնական ռազմավարութիւններ զարգացնել վերջնականապէս պարտելու համար ժխտողականութիւնը։

Հայաստան ատիկա ընելու փորձառութիւնն ու բարոյական դիրքը ունի։ Խաղաղութիւնը գալարուն ճանապարհ մըն է եւ օրէ օր աւելի դժուար է հասնիլ անոր, գոնէ աշխարհի կարգ մը շրջաններու մէջ։ Կովկասի շրջանը, ուրիշներու կողքին, կարիք ունի ռիսկերու չափաւորման։ Այդ ուղղութեամբ, Լեռնային Ղարաբաղի վրայ Ատրպէյճանի սպառնալիքները, որպէս Թուրքիոյ դաշնակից, անոր բնակչութեան համար իրական վտանգ մը կը ներկայացնէ, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան համար։ Այս կացութիւնը, ցեղասպանութեանց կանխարգիլման պայքարը, ոչ միայն ազնիւ եւ պտղաբեր առաջարկ մըն է, այլ հստակ նշանակութիւն ունի շրջանին համար։

Հայոց փորձառութիւնը այս ճանապարհը ցոյց կու տայ, եւ աշխարհին կը ներկայացնէ որպէս խաղաղութեան եւ վիճաբանութեանց խաղաղ լուծում։ Ժխտողականութիւնը կը հակասէ անոր եւ քաջ գիտենք անոր վնասակար հետեւանքներուն եւ իր աղետալի յարատեւութեան, թէ՛ միջազգային գետնի վրայ, ուր աշխարհի հետ քաղաքական եւ տնտեսական յարաբերութիւնները խոջընդոտ կը գտնեն զայն գործադրող երկիրներուն մէջ, օրինակ՝ Թուրքիան, ինչպէս նաեւ ներքին գետնի վրայ, ուր ժխտողականութիւնը ազգային մակարդակով պարտադրելը յատկապէս կը նշանակէ ժողովրդավարութիւնը ականապատել, ճնշողական սովորութիւնները, հալածանքները քաջալերել, եւ նոյն ժամանակ արդարութեան խոջընդոտել։

Այս մեծարանքը ստանալուս Հայաստանի համար միայն կրնամ մաղթել իրեն արժանի խաղաղութեան եւ յաջութեան լի ապագայ մը։ Նոյնպէս կը ցանկամ իր հարցերու խաղաղ լուծումը, համաձայն իր պատմական շահերուն, որոնք շատ անգամ վնասուած կամ յետաձգուած եղած են, անցեալին եւ ներկայիս չափազանցօրէն բարդ շրջանային մթնոլորտի մը մէջ։

Կու գամ երկրէ մը ուր Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը պետական դիրք մը կը ներկայացնէ, եւ ինքզինքս այս ազգին միացած կը զգամ պայքարին մէջ, որ միասնական կերպով կատարեցինք, ինչպէս նաեւ Արժանթինի նկատմամբ անոնց նուիրումին, երկիր մը որ, նոյն ժամանակ, ձեր անկեղծ աշխատասիրութիւնը ստացաւ, որ ներկայիս գոյութիւն ունին արհեստական, գիտութեան եւ հանրային կեանքին մէջ։

Պարոն Նախագահ,

Որքա՛ն կարեւոր է այս պահը մեր բոլորիս համար, որովհետեւ կրնանք զգալ թէ մաս կը կազմենք միասնական պատմութեան մը։

Memoria del Tribunal Russell II  – Coloquio  – Montevideo, 14 de julio de 2010

Memoria del Tribunal Russell II – Coloquio – Montevideo, 14 de julio de 2010

 

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Intervención de Leandro Despouy

Muy buenas noches.

Tuve algunas dificultades para llegar a Montevideo y me demoraron varios compromisos pero… ¡cómo no iba a venir! Numerosas razones me traen aquí; probablemente conocen algunas, supondrán otras, pero yo quería compartir con tantos amigos esta noche en Montevideo. Ustedes también saben que entre las cuestiones que más me han marcado, una de ellas ha sido, precisamente, mi vínculo con este pueblo, al que conocí en los años más difíciles de mi vida. Esta relación se construyó, además, con muchos de los exiliados, con personalidades uruguayas en ese mundo de parias del destierro, a veces tan adverso.
Para hablarles de Zelmar Michelini, del Tribunal Russell y de algunos temas que tienen enorme actualidad voy a utilizar la misma metodología de quienes me han precedido: lo haré de manera muy breve y probablemente esquemática. Les contaré mi testimonio en el Russell, porque creo que muestra la importancia y las particularidades que tuvo ese Tribunal.
Me recibí de abogado muy joven e inicié una vida intensa dedicada a la defensa de perseguidos políticos. Lo hice en la Gremial de Abogados de Buenos Aires y mi especialidad eran los asilados latinoamericanos que llegaban a la Argentina. Entonces, por el 73 y 74, mi país  se iba a transformar en una verdadera trampa internacional  de desamparados que llegaban buscando protección a un país que todavía tenia autoridades constitucionales pero en la que estaba germinando lo que podemos llamar  “el huevo de la serpiente” de una de las dictaduras más perversas del mundo, la que exportó en forma masiva la siniestra metodología de las desapariciones forzadas de personas: nuestros desaparecidos.

Defendí profesionalmente a muchos uruguayos y latinoamericanos en la Gremial; paradójicamente, mañana nuevamente tengo que declarar en un juzgado, en Argentina, por temas vinculados justamente a las cuestiones  de uruguayos perseguidos en mi país por el terrorismo de Estado. Se trata de la megacausa contra la Triple A[1], iniciada en la Justicia en 1975 que, luego de un extenso letargo, fue revivida en 2008, cuando la Cámara Federal definió aquellos delitos como de lesa humanidad y, por ello, imprescriptibles. Esos delitos todavía están impunes.

 

Lo cierto es que fueron muchas las defensas que hice en el 74. Entonces, uno de los recursos para dificultar o impedir las defensas era identificar al abogado con su cliente. Así fue como asesinaron a Silvio Frondizi,  Rodolfo Ortega Peña,  Alfredo Curuchet… todos abogados muy conocidos. Ya lo habían hecho con otros,  a los que se sumaron los que vendrían.

 

Silvio Frondizi era por esos años una figura de leyenda entre los jóvenes por su inteligencia, compromiso y coraje. Sufrió dos atentados en su estudio, estaba sentenciado a muerte por la Triple A. Él y yo éramos  codefensores en la misma causa; lo asesinaron el día de la audiencia, el 27 de setiembre de 1974 y esa fue mi última defensa en la Argentina. Después de algunas peripecias partí al exterior y cuando llegué a Europa me fui encontrando con muchísimos uruguayos que habían llegado antes que yo. Había defendido a algunos de ellos en la Argentina. Eso explica también cómo fuimos construyendo solidaridades de una forma muy espontánea, quizá algo artesanal. En enero de 1975, en Bruselas, me encontré en el Tribunal Russell con otros refugiados. Todavía no estaban institucionalizadas las instancias internacionales ni los organismos de protección de los derechos humanos. El Russell era, en germen, la expresión más auténtica de la solidaridad internacional.
Sabíamos que en el Tribunal Russell, en 1966 –en sus sesiones por los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en  Vietnam–, primero en la sesión de Estocolmo, bajo el amparo del gobierno de Olof Palme, y luego en la de Copenhague, habían participado reconocidas personalidades de la ciencia y la cultura. El Russell fue retomado con mucha fuerza y vigor por Lelio Basso,  un gran internacionalista, jurista, filósofo y político italiano que haría una gran contribución al desarrollo de ramas importantes del derecho internacional. Eso, en parte explica que luego el tribunal se continuara en el Tribunal de los Pueblos y que la Fundación Internacional Lelio Basso[2] –que atesora un patrimonio bibliográfico y un archivo histórico  formidable– sea hoy un referente incuestionable en materia de derechos humanos.
Pero mi arribo a la segunda sesión del Tribunal fue un poco artesanal. Llegué a París ya exiliado y me encontré con que argentinos y uruguayos, algunos de ellos artistas, que habían actuado contra las dictaduras anteriores a los 70, habían formado un comité de solidaridad. Ellos  me dijeron  que el Tribunal Russell estaba reunido en Bruselas para tratar la situación en Uruguay y Chile  –ya había examinado también la de Brasil–  pero no tenía previsto analizar la situación en Argentina porque había un gobierno constitucional. Como la situación argentina era tan grave, me dijeron que hablarían con Gabriel García Márquez y con Julio Cortázar para que yo pudiera testimoniar, o hacer que leyeran mi testimonio. Así, de una manera totalmente improvisada, con el pasaporte con dificultades, llegué a Bruselas  –afortunadamente acompañado por Gisèle Halimi[3], que ya era una dirigente de gran prestigio– y permitieron que ofreciera mi testimonio. Muchos años después lo recogí de las actas del Tribunal  y fue publicado en dos libros[4].  En enero de 1975, en Bruselas, hablé en nombre de los abogados argentinos y describí lo que acontecía en mi país. Cada vez que lo leo me doy cuenta de que esas palabras rezuman sangre, porque la verdad es que en la Argentina, desde 1974, se estaba viviendo una aceleración de la violencia y situaciones de una  gravedad inusitada. También denuncié la situación  dramática de los refugiados latinoamericanos en Argentina, en tanto se había puesto en marcha la maquinaria de cooperación entre las dictaduras para perseguir en territorio argentino a chilenos, paraguayos, brasileños, uruguayos… y también argentinos.

 

Cuando termino mi testimonio, advierto que uno de los jurados se levanta de su banca, se sienta entre el público y toma el micrófono. Era Julio Cortázar. Dijo, conmovido por el relato de las atrocidades que estaban sucediendo en nuestro país: “Quiero decirles que hago mías las palabras de este compatriota sobre la situación en la Argentina”. Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo en el Russell. Es cierto que los hechos en Argentina y en la región eran sumamente graves pero es indudable que el gesto de Cortázar habilitó su tratamiento con una profundidad mayor.

 

Súbitamente, un velo se había descorrido e invité  a la comunidad internacional a seguir de cerca el desarrollo de los hechos. Era evidente que se avecinaban momentos sombríos en la Argentina. Esa tarde, Cortázar y yo dimos juntos una  conferencia de prensa. Cortázar era entonces el escritor que cautivaba a la juventud del mundo con su novela Rayuela. Su condición de latinoamericano y su compromiso político y social completaban un perfil sumamente atractivo; también los periodistas estaban seducidos por su fascinante personalidad. La conferencia de prensa tuvo una formidable repercusión[5].
En esa época no estaban institucionalizados los mecanismos que hoy brinda el derecho internacional, ni las comunicaciones  globalizadas. El Tribunal Russell era el tribunal de opinión con mayor credibilidad, prestigio  y trascendencia en el mundo. Lo integraban personalidades muy reconocidas y en su seno se debatía y se hacían las principales revelaciones y alegatos sobre lo que ocurría. Fue un escenario testimonial muy original y un precedente de enorme valor. Faltaban más de treinta años para que se crearan tribunales penales internacionales y el derecho a la verdad forjara una estatura que le daría exigibilidad jurídica.

 

Lo cierto es que estas sesiones tuvieron mucha trascendencia y el Tribunal me pidió que me quedara y diera un nuevo testimonio al día siguiente, acompañando a algunos uruguayos que se presentaban porque habían sido victimas de persecución en la Argentina. En esa segunda presentación acompañé a la señora Olga Gonda de Jabif, uruguaya, que estaba exiliada en Suecia. Ella denunció el secuestro y asesinato de tres jóvenes refugiados uruguayos: su hijo Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latronica.

 

Ese caso –y también el asesinato de Silvio Frondizi– está en la carátula de la causa contra los crímenes de la Triple A que ya mencioné. Estos y muchos otros hechos están relatados en mi testimonio en el Tribunal Russell; hoy constituyen importantes elementos  de prueba para investigar los numerosos asesinatos que se produjeron en el país entre 1973 y 1976.
Denuncié en el Russell, pocos días después  de que hubiera ocurrido, el secuestro de siete uruguayos[6], cinco de ellos asesinados, conocido como “el crimen de Soca” –supuestamente en venganza al crimen del coronel Ramón Trabal en Europa–, donde desapareció también un niño de tres años, Amaral García Hernández, que es, hasta hoy, uno de los primeros casos de secuestro de niños; esto sucedió el 8 de noviembre de 1974 y el caso fue tratado en la causa contra Bordaberry. En 1985, el niño fue localizado en Argentina por Abuelas de Plaza de Mayo y devuelto a su familia.

 

Esta es una prueba más de que la desaparición forzada, en mi país, comenzó antes del golpe de Estado de 1976; y de que el secuestro de niños y adultos se inició en ese periodo. Hago esta reflexión porque entiendo que el Tribunal no solamente tuvo una validez y vigencia históricas de iniciación y cimiento de un movimiento internacional de solidaridad sino que, por una paradoja del destino, mañana voy a testimoniar en la causa con respecto a estas víctimas uruguayas.
También en el Russell atestigüé sobre la situación de otro  uruguayo, Carlos Antonio Rodríguez Coronel, del cual había perdido el rastro. Había sido detenido en la Argentina en 1974, lo trasladaron ilegalmente al Uruguay, fue torturado… Gracias a la presentación del libro El derrumbe del negacionismo, en Montevideo[7], pude reencontrarlo. Se había exiliado en Suecia. Y a pesar del tiempo transcurrido, nuestra memoria ayudará a investigar hechos de un pasado terrible.
Muchas cosas podría contar porque, como dije, mi vida estuvo siempre muy vinculada al Uruguay. Yo conocí a un Zelmar legendario. Como todos sabemos, ya en los 60 era una figura pública del Uruguay cuyo mito había cruzado las fronteras. Brillante, temerario, valiente… Dueño de un estilo enérgico, una prosa inteligente, una oratoria fascinante y a la vez categórica, Zelmar desbordaba atractivos, inteligencia y  humanismo. En Buenos Aires seguíamos sus debates parlamentarios y sus advertencias ante el avance del militarismo en el Uruguay.

 

Desde que Juan Maria Bordaberry decidió ser su propio golpista, el 27 de junio de 1973,  y se intensificaron las persecuciones políticas en el Uruguay, “la otra orilla” fue un refugio rápido y conocido, como siempre lo ha sido en la historia rioplatense. Rodeados por las dictaduras brasileña y paraguaya, los uruguayos llegaron en masa a la Argentina, pero pronto advirtieron que habían caído en una encerrona mortal porque en mi país había comenzado el terrorismo de Estado a través de la Triple A. Pese a las difíciles condiciones que debían afrontar los exiliados en materia de trabajo, vivienda y seguridad para sus hijos y familia, desde Buenos Aires se podía hacer –y, de hecho, se hacía– política hacia el Uruguay. Esto molestaba a ambos gobiernos; el uruguayo desplegó en Argentina servicios de inteligencia y efectivos militares y policiales que seguían atentamente –y desde el lugar que les facilitaba el gobierno argentino– los pasos de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini, Enrique Erro y el de muchos militantes exiliados.

 

Recordemos que Zelmar –al igual que Gutiérrez Ruiz y otros– renunció a su condición de refugiado y tramitó la residencia permanente en Argentina para poder viajar libremente e informar en  organizaciones internacionales sobre la trágica situación que se vivía en el Uruguay. En ese contexto se inscribe su participación en el Russell, en la primera sesión, en Roma, en 1974. Con posterioridad, en junio de 1975 se le denegó la residencia; al mismo tiempo, el gobierno uruguayo le canceló el pasaporte –como a otros políticos uruguayos que estaban en Argentina– y se ordenó su expulsión del país. Era la forma de acabar con él: la expulsión no se le notificó; fue secuestrado y pocos días después, como sabemos, asesinado por la dictadura.

 

En apenas dos años se había demolido una familia. Zelmar Michelini había hecho su alegato en el Tribunal Russell, en Roma, el 14 de marzo de 1974. El impacto de su testimonio –hoy tan conocido– fue muy grande. Su análisis de la tortura como un factor de sometimiento político es sin duda, un aporte esclarecedor sobre las características de las políticas que se impusieron no sólo en Uruguay sino en cada uno de nuestros países del Cono Sur americano regidos por dictaduras[8]. Desde mediados de los años 50 la tortura adquiere “reconocimiento” como un arma de guerra en la llamada “lucha antisubversiva” que eclosiona a fines de los 60, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, y se instaura en los 70. Michelini lo sabe y lo dice; desmenuza la situación política y las nefastas perspectivas para la región en ese período de destrucción de las instituciones democráticas y reinado del terror. La lucidez y precisión de su análisis, sobre todo en momentos en que no contábamos con información sobre todos los factores que estaban en juego, es encomiable. Zelmar fue una víctima escogida por su ejemplaridad. Su asesinato, el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires, junto al de Héctor “el Toba” Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, ya en plena dictadura argentina, es una muestra clara de ello.

 

Nosotros, en Buenos Aires, además de prestar asistencia jurídica en la Gremial, participábamos en los actos de solidaridad que permanentemente se organizaban. Quiero recordar la significativa presencia de Michelini en un acto en la Federación de Box, en abril de 1974. Recientemente encontré una breve referencia a ese acto, llamado “Acto por la Cruzada de los 33”. Hablaron Erro y Michelini, y seguramente hubo otros oradores que no recuerdo. La intervención de Zelmar fue de una hondura inolvidable. Hoy, tantos años después de aquellos hechos, estar cerca de la Fundación y de sus hijos tiene para mí una significación muy especial y me siento altamente honrado por ello.

 

 

Conclusiones

 

Un tiempo después de que Raúl Alfonsín asumiera el gobierno, fui designado responsable del área de derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese sector, precisamente, se ocupaba durante la dictadura de la publicidad a favor del régimen militar, por lo que tuvimos acceso a sus registros y encontramos los archivos donde figuraban los nombres de las personas que el ejército había enumerado como los “enemigos de la patria” –entre ellos estaba el mío–, pero también el de Linda Bimbi, que –según la revista Gente de entonces–, era “la articuladora del Tribunal Russell”, descrito como el gran enemigo de la Patria. Decía que desde el Russell actuaba la cara liberal del terrorismo y de la subversión.

 

También quiero recordar hoy a Salvatore Senese, un prestigioso abogado italiano que integró el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), organismo que creamos en Europa en 1976, junto a Hugo Cores, Robert Goldman y Luis Joinet, entre muchos otros. Cuando se normalizó la situación política en el Uruguay, Senese participó de algunas actividades importantes que organizamos en Montevideo; él nos acompañó desde el inicio del Russell.

 

El Tribunal Russell II es, prácticamente, el depositario de la memoria latinoamericana de esos años; allí podemos ver cómo se gestaron y procedieron las dictaduras. Después, el mundo lo supo todo, pero ahí están los testimonios y por eso es tan importante este coloquio y rescatar los alegatos de nuestros prohombres, como Zelmar Michelini. Por otra parte, figuras tan representativas del Russell como el propio Lelio Basso, Linda Bimbi o Salvatore Senese iniciaron con nosotros un camino de solidaridad que no abandonaron nunca.

[1] Causa N° 1075/2006, caratulada “Almirón, Rodolfo Eduardo y otros s/asociación ilícita”, en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 10, consta respecto de las víctimas: Guillermo Jabif, Daniel Banfi, Luis Latrónica,

 

[2] Hoy denominada  Fundación Lelio y Lisli Basso Issoco. http://www.internazionaleleliobasso.it/

 

[3] Desde marzo de 2010, Gisèle Halimi integra, como jurado,  el Tribunal Russell por Palestina, que se estableció  a partir del llamamiento  de Ken Coates, presidente de la Fundación para la Paz Bertrand Russell. Véase http://www.russelltribunalonpalestine.com/es/

 

[4] Despouy, Leandro, “Julio Cortázar y Leandro Despouy, colaboradores de Bassso en la denuncia Internacional de la represión”, en Lelio Basso: la ricerca dell’utopia concreta, Edup, Roma, 2006, pp. 91-145. Y Bosoer, Fabián-Teruzzi, Florencia, “Leandro Despouy: trayectoria del jurista argentino que llegó a Ginebra”, en El derrumbe del negacionsimo, Planeta, Buenos Aires, 2009.

 

[5] El hecho fue recordado por Despouy en el 90 aniversario de Cortázar. Véase “Cortázar” en http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-40162-2004-08-26.html [N.  de E.].

 

[6] Los cuerpos de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo (embarazada de cinco meses) y Graciela Estefanell aparecieron acribillados; Julio Abreu sobrevivió y prestó testimonio ante la Justicia uruguaya en 2005  y el otro sobreviviente es Amaral García Hernández.

 

[7] Se presentó el 27 de agosto de 2009. La actividad, organizada por la Fundación Zelmar Michelini y el Consejo Nacional Armenio se realizó en el Centro Cultural de España. Cecilia Michelini presentó el panel integrado por los autores Khatchik Der Ghougassian, Florencia Teruzzi y Leandro Despouy, sumándose a ellos Felipe Michelini y Marisa Ruiz.

 

 

[8] Trece años más tarde, en 1987, tuve el privilegio de presidir la reunión de Estados Partes de la Convención contra la tortura. Este fue un hecho que podría calificar de paradójico, porque en realidad la Argentina había sido el país que más se había opuesto a la elaboración de esa Convención. En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales y en enero de 1984 se reunió el grupo de trabajo encargado de  poner en marcha la Convención. La Argentina, que había liderado el frente de las dictaduras latinoamericanas en contra del nuevo instrumento, cambió radicalmente su posición y anunció su apoyo. El cambio de posición fue decisivo porque permitió adoptar la Convención. En 1987 todavía perduraban algunas dictaduras en la región, y Suecia, el gran impulsor de la Convención, abdicó en favor de la Argentina su derecho a presidirla, con lo cual dio un majestuoso ejemplo de grandeza moral a los postreros ejemplos dictatoriales que quedaban. Fue así como presidí la reunión de Estados partes de la Convención.

Discurso pronunciado por Leandro Despouy al recibir la distinción de  “Visitante Ilustre” de Montevideo

Discurso pronunciado por Leandro Despouy al recibir la distinción de “Visitante Ilustre” de Montevideo

 

Montevideo, 28 de agosto de 2009

Señor Intendente de Montevideo

Dr. Ricardo Ehrlich

Estimados amigos

El Uruguay que conozco tiene múltiples facetas. La que he frecuentado en los últimos tiempos  está relacionada con mi trayectoria diplomática que se sitúa en el escenario de la vida internacional, lo que me ha permitido entablar vínculos con hombres de Estado como es el caso del ex presidente Julio María Sanguinetti, con quien he tenido el honor de compartir en los últimos tiempos algunos paneles. Siendo un hombre que procede de un país democrático como el Uruguay, hace ya tiempo que advierte a la región sobre los riesgos del populismo autoritario, con todo lo que ello entraña de negativo para nuestro marco institucional y que los cientistas políticos llaman “democracias delegadas” y algunos escritores identifican como la “tentación autoritaria”.

Pero el Uruguay y los uruguayos que conocí en el pasado y de los que hablaré en esta oportunidad se sitúan allá,  hace tiempo, cuando al país lo atravesaban los infortunios de una dictadura militar que empujó a miles de uruguayos al ostracismo y al exilio.

Fue entonces, en mis años de joven abogado, cuando decidí asumir la defensa de refugiados latinoamericanos que escapaban de sus dictaduras y creyeron encontrar en mi país el ámbito que les daría amparo y protección. Recordemos el Chile del Pinochet recién instalado, a los militares brasileños, a los  que derrocaron en  Bolivia al presidente Juan José Torres, el Paraguay de Alfredo Stroessner, mientras en la Argentina se desataba una violencia institucional despiadada, que se expandía en toda la región y que costó en mi tierra, ya entonces, la vida de miles de personas, entre las cuales recuerdo al ex presidente Torres, al general Carlos Prats, a Zelmar Michelini, al “Toba” Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros. En esos años tuve a mi cargo la defensa de un gran número de refugiados, entre los cuales había muchos uruguayos. Recuerdo la enorme repercusión que  tuvo la transferencia ilegal de Rodríguez Coronel y otros tres secuestrados desde la Argentina al Uruguay y que podría decirse que fue una de las primeras acciones que tomaron estado público de lo que más tarde se configuró como el siniestro Plan Cóndor.

Pero, del mismo modo, la violencia me incluyó como destinatario. Las denuncias públicas, las defensas y una actividad frontal contra del deterioro institucional del gobierno de María Estela Martínez de Perón, que instauró prácticas del terrorismo de Estado, me obligaron al exilio luego de amenazas, persecuciones y atentados que incluyeron el asesinato del gran abogado Silvio Frondizi, con quien hice muchas defensas.

Empujado al exilio, continué la militancia a través de la denuncia en el Tribunal Russell, primer tribunal de opinión que había analizado años antes los crímenes en Vietnam y que en 1975 recogió casos como el de los ciudadanos uruguayos asesinados Guillermo Jabif, Daniel Banfi y Luis Latrónica; el capítulo de los crímenes que se estaban cometiendo en la Argentina no estaba previsto en el Russell porque no se conocían y se trataba de un gobierno constitucional. Fue la decisiva intervención de Julio Cortázar, y Gabriel García Márquez, jurados del Tribunal, lo que permitió que pudiese brindar testimonio. Junto a la Sra. Olga Donda de Jabif denunciamos la cruel represión desatada contra los refugiados uruguayos en la Argentina. Hoy, 35 años después, la causa contra la Triple A por crímenes contra la humanidad se ha reabierto en la Argentina para investigar, precisamente, estos asesinatos.

Ya en el exterior pude reencontrarme con muchos de los que habían sido mis defendidos y con muchos otros que habían emigrado. Juntos compartimos las adversidades del destierro y al mismo tiempo luchamos para salvar vidas, rescatar detenidos, combatir las dictaduras y bregar por la recuperación de la democracia en la región.

En ese contexto se inscribe mi profunda amistad con Hugo Cores, a quien conocí en la Argentina. Cores había sido secuestrado y desde Europa logramos que el abogado francés Jean Louis Weil viajara a la Argentina y lograra el reconocimiento de su detención. Permaneció un tiempo encarcelado y cuando recuperó la libertad viajó a Francia, donde cultivamos una intensa amistad, plena de acontecimientos. Compartimos una férrea militancia y acciones de solidaridad en uno de los momentos más desgarrantes de la represión que se agigantaba en la Argentina luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Hugo fue un hombre de profundas convicciones, un luchador tenaz e indómito, un militante polifacético que resolvió abandonar París para acercarse –en plena dictadura– nuevamente al escenario de la realidad regional, cuando todavía habrían de quedar muchos años de gobiernos militares. Fue un hombre de izquierda y, aun para quienes nunca compartieron sus ideas, su vida es un ejemplo que honra la política.

Otros políticos uruguayos que me conmovieron fueron  el ex senador don Enrique Erro, brillante orador como otros compatriotas de su tiempo que proyectaron sobre nosotros el discurso más calificado de la época. Evoco también a Ferreira Aldunate…, el fogoso y entrañable Wilson. De él conservo recuerdos imborrables; algunos de ellos son tan vívidos que todavía hoy alumbran mi vida.

Recuerdo aquella entrevista del diario Le Monde…. que la inicia con esta imagen:

el Uruguay es un país pequeño, ni muy rico ni muy pobre, que se encuentra en la intersección de dos grandes países… esto no es un  privilegio, tampoco una desgracia porque hasta hace poco su pueblo pudo vivir una experiencia de convivencia humana sólo comparable  a las que se vivían en las democracias más avanzadas de entonces.

Recuerdo también la sagacidad –propia de su aguda inteligencia–  con la que Wilson respondió a una parlamentaria británica que, en el contexto de una audiencia en el Consejo de Europa, le preguntó si no constituía una carga más sobre el desafortunado pueblo oriental que no se aprobara, como Wilson solicitaba, el préstamo que el gobierno uruguayo había gestionado ante el un organismo internacional.

“Yo no promuevo un boicot al pueblo uruguayo”, respondió, “lo único que le pido a Europa es que no financie el salario de los militares que me empujaron al exilio y que deberán pagan mis nietos”.

Y aquella conferencia de prensa que dio en el Senado de Francia para pedir en particular la libertad del general Liber Seregni, entonces detenido en el Uruguay. Lo hizo con fuerza, con determinación y sincera admiración por el general. Recuerdo que dijo:

“No pensamos igual, pero ambos queremos recuperar el escenario electoral en el que podamos construir la democracia incluso a partir de nuestras diferencias”.

Esto demuestra por sí solo uno de los rasgos más genuinos  de Wilson y que, al mismo tiempo, traduce el sentido cívico de este pueblo que pudo ofrecernos más de 20 años después la amable sorpresa de un gobierno de izquierda democrática, el del Frente Amplio, seguramente como lo soñaba su fundador que se encontraba en una cárcel uruguaya mientras otro compatriota reclamaba en Paris por su libertad.

Porque quiero agradecer y quiero celebrar lo que durante tanto tiempo nos ha unido, no evocaré en esta oportunidad episodios que nos entristecen a todos y que –todos sabemos, o al menos esperamos– habrán de ser momentáneos y prontamente superados. La Argentina y el Uruguay –salvo cuestiones esporádicas– tienen una larga, digna y honrosa historia de ser países de generosa acogida a los de la otra orilla y siempre han estado unidos por  lazos de amistad aun  en los momentos de mayor adversidad, lo que dio lugar a una secuencia de exilios y destinos cruzados.

Ningún politólogo en el mundo podría haber imaginado y menos aún vaticinar que dos países como la Argentina y el Uruguay habrían de protagonizar un diferendo tan prolongado. Lo más importante es que esta situación nos daña gravemente y salir de ella debe ser una prioridad impostergable, apoyada en los profundos vínculos de amistad entre nuestros pueblos.

Quedan por narrar, claro está, tantas buenas y memorables anécdotas… Y quedan por mencionar muchos nombres que llegan a mi memoria en esta breve evocación. Porque con muchos uruguayos me une también una larga lucha contra la violación de los derechos humanos y por la recuperación de la democracia en otras latitudes y en otros países de la región. Tal fue el caso de la creación en los 70 del “Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay” (SIJAU).

El SIJAU estuvo integrado por reconocidos juristas internacionales, como Luis Joinet y Philippe Texeier, de Francia; Juan Saavedra, de Chile; los uruguayos Edgardo Carvallo, María Elena Martínez, Alejandro Artucio y los hermanos Mario y Alba Dell’Acqua; Hipólito Solari Yrigoyen y yo mismo, de Argentina. Artucio, actual embajador en Ginebra, recuerda con gran fidelidad en una nota periodística lo que representó el SIJAU en la denuncia internacional. Habla incluso de quienes encarnaron su cotidianeidad en un pequeño local de Par{is, donde estaba Pila Salaberry.

Cuando la situación en el Uruguay mejoró, los mismos juristas trasformamos en SIJAU en el “Secretariado Internacional por la Democracia en el Paraguay” (Sijadep) de gran actuación en la lucha contra la dictadura de Stroessner. Más tarde, recuerdo los esfuerzos que en forma conjunta realizamos con ese gran jurista uruguayo y ex canciller, Héctor Gross Espiell, para impedir que el general Lino Oviedo escapara de la acción de la justicia, luego del intento de golpe de Estado, cuando el Paraguay ya había recuperado la democracia.

Es demasiado lo que podría decir de mi querida amiga Belela Herrera, cuya vida es casi de leyenda.  Lo cierto es que Belela ha adquirido ciudadanía universal; sin dejar de ser uruguaya ha pasado a ser de todos y correspondería que –al menos– la declaremos patrimonio común de los países de la región. Primero conocí a los uruguayos perseguidos que ella había rescatado milagrosamente del pinochetismo  tras el golpe del 11 de setiembre de 1973; años más tarde la vi en Buenos Aires a cargo del ACNUR, cumpliendo siempre con fidelidad su misión humanitaria; a mediados de los 90 nos encontramos en Haití entre los vientos huracanados de la sanguinaria dictadura del general Cedrás, invariablemente empeñada en la misma lucha de salvar vidas en aquel escenario fantasmal, donde la muerte visitaba los hogares disfrazada con uniforme de general, o con la salvaje indumentaria de los  parapoliciales, o con las armas silenciosas y letales de los sacerdotes del vudú.

Recuerdo que durante la dictadura dos grandes juristas franceses, Louis Joinet y Jean Louis Weil, protagonizaron en el Uruguay una memorable anécdota. Enviados por el SIJAU para gestionar la libertad de detenidos políticos, entre ellos el general Seregni, se dirigieron a su casa y fueron atendidos por dos mujeres que los dejaron en larga espera y se apresuraron a emperifollarse antes de hacerlos pasar. Entre las barreras idiomáticas y el sigilo y la prudencia de los enviados, el encuentro prolongó por más de una hora una situación en la que ninguno entendía nada y que finalmente reveló dos grandes equívocos: Joinet y Weil habían errado el domicilio y  las damas –que no esperaban la visita de dos juristas internacionales- pensaron que se trataba de dos mormones a los que ellas sí querían agasajar.

Hay tantos episodios y situaciones que gravitan fuertemente en mí, como fue aquel  regreso inesperado a Europa luego de haber estado 24 horas en Brasil, intentando en vano comunicarme con Lilian Celiberti, quien en ese momento estaba siendo secuestrada en su casa de Porto Alegre, antes de ser transferida ilegalmente al Uruguay junto a sus dos hijos y a Uversindo Rodríguez Díaz.

La lucha contra la impunidad ha formado, y forma, parte inseparable de mi vida. Durante casi 40 años he transitado buena parte del mundo creciendo en compañía de tratados y protocolos de la justicia internacional, también como experto de las Naciones Unidas, para que los derechos humanos y la justicia puedan tener vigencia para los pueblos, incluso con Estados de excepción. Las realidades y culturas de cada país imponen sus propias dinámicas, pero todos debemos tener en cuenta que la lucha contra la impunidad es una obligación de los Estados y que el derecho a la verdad integra el patrimonio de los pueblos.

Ha sido esta familiaridad con el Uruguay lo que me permitió compartir y disfrutar de sus intelectuales y grandes artistas, tanto durante como después del exilio. Me refiero a Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Daniel Viglietti, los Olimareños; y a mi gran amigo José Carbajal, el Sabalero, siempre recordando a Juan Lacaze, su pueblo ribereño.

Como sabemos, el Uruguay y la Argentina son países que comparten destacados ámbitos de la cultura, entre ellos el de las letras. Muchos intelectuales han contribuido a que la literatura rioplatense adquiera una identidad regional que no conoce fronteras. Y estudiosos del tema se preguntan la razón de que haya crecido justo aquí lo que se conoce en el mundo entero como “literatura fantástica rioplatense”: Quiroga, Cortázar, Borges, Felisberto Hernández… Y la gran poeta Idea Vilariño, recientemente fallecida. Muchísimos escritores dan cuenta de que lo rioplatense es una identidad. Como analiza Emir Rodríguez Monegal el lenguaje, lo fantástico, personajes desdoblados, ciudades inventadas; la ficción dentro de la ficción, que acaba por confundirse en una sola realidad.

Pero esta larga evocación de hechos, vivencias y personas tan queridas no debe inducirlos a pensar que mi propósito con este discurso es emular a Ireneo Funes, el paisano de Fray Bentos inmortalizado por Borges como “el memorioso”, cuya increíble memoria le impedía omitir detalle, al extremo de que necesitaba un día entero para contar lo acontecido en otro día.

En este caso, quiero decirles simplemente que de todo mi relato resulta evidente que hace mucho que soy uruguayo –que acaso sin saberlo me siento uruguayo– y, en esta oportunidad, lo que busco es agradecer el maravilloso gesto de haber podido oficializar esta condición… Porque ustedes saben que, más allá de las palabras, mi propósito no es otro que el de recordarles a todos ustedes que quien les está agradecido es un amigo de siempre y para siempre. Y que es desde lo mejor que hemos sido desde donde podemos proyectarnos a lo mejor que seremos.