Un grave atentado contra la independencia de la Justicia

Un grave atentado contra la independencia de la Justicia

28 de junio de 2015
Publicado en La Nación

Por Leandro Despouy

El logro más importante del último decenio en materia de Justicia es la consolidación del principio de identidad de garantías para los jueces permanentes o provisorios, incluso si estos últimos son subrogantes.

Hay que considerar que es esencial a la independencia de la Justicia que los jueces no puedan ser removidos ni reemplazados, sino por las razones establecidas por la ley y de conformidad con la Constitución nacional.

Ésta fue la conquista primordial de una larga lucha por la independencia de la Justicia que debía hacer frente a la práctica abusiva de las subrogancias, cuya finalidad manifiesta era, en la mayoría de los casos, un debilitamiento de la función judicial frente a quienes ejercen el poder.

Es inherente a la independencia del juez que no pueda ser removido
Esta suerte de epidemia institucional se propagó a lo largo y a lo ancho de muchas regiones. Entre ellas se encuentra la nuestra, donde el recurso excesivo de la subrogancia se generalizó y fue acompañada de medidas arbitrarias e ilegales de destitución de los magistrados, cuando éstos adoptaban decisiones contrarias a los intereses de los funcionarios estatales y, sobre todo, cuando llevaban adelante investigaciones sobre actos de corrupción.

Fruto del sostenido empeño de la comunidad internacional a través de sus tribunales y otros mecanismos de defensa -como es el caso de la relatoría sobre la independencia de jueces y abogados que realiza una tarea de supervisión de alcance universal-, se han podido establecer límites precisos mediante la cristalización de una jurisprudencia y precedentes que censuran y condenan semejantes conductas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples fallos, ha reiterado el principio de la igualdad de garantías de los jueces permanentes y provisorios por entender que es inherente al desempeño independiente de los magistrados la garantía de no ser juzgados por sus sentencias, en particular, removidos o sustituidos de sus funciones como represalia a la orientación de sus veredictos y decisiones.

La reputación del gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, fue la más castigada por la destitución ilegal de jueces provisorios, tal como lo acreditan los fallos Chocrón Chocrón vs. Venezuela y Reverón Trujillo vs. Venezuela.

El memorándum firmado con Irán, cuya interpretación, validez y vigencia tuvieron un fatídico comienzo con la muerte del fiscal Alberto Nisman, hoy se cobra una nueva víctima con el desplazamiento inconstitucional del juez Luis María Cabral, en los días previos al pronunciamiento sobre aquél.

Tengo la convicción de que este comportamiento compromete la responsabilidad del Estado argentino, no sólo porque se vincula a ese manto de oscuridad que envuelve el caso AMIA, sino también por afectar de manera notoria e incontestable los principios básicos de la independencia de la Justicia, consagrados por la normativa y la jurisprudencia internacionales.

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La condena de los genocidios

La condena de los genocidios

24 de abril de 2015
Publicado en Diario Clarín el 24 de abril de 2008

Hoy se conmemora un nuevo aniversario del genocidio cometido contra el pueblo armenio casi un siglo atrás. Este recuerdo invoca a la tolerancia, el derecho a la verdad histórica y el respeto por la dignidad humana como base del respeto entre los pueblos.

Por:  Leandro Despouy

La consagración del derecho a la verdad como un derecho fundamental, de carácter autónomo e inalienable, traduce la dimensión ética de los nuevos parámetros que regulan la vida internacional. La lucha contra el olvido y la impunidad ha adquirido una legitimidad tal que desborda el hermetismo de las relaciones interestatales y se proyecta incluso sobre aquellas realidades nacionales sometidas históricamente a la dictadura del silencio.
En el caso del genocidio cometido por el Imperio Otomano contra los armenios entre 1915 y 1923, esto se expresa en una sucesión de reconocimientos en todo el mundo: decenas de países, parlamentos, comunas, etc. lo han hecho en forma expresa. La Argentina -donde el tema es política de Estado- es un ejemplo de ello: dio sustento y amparo a la comunidad armenia, apoyó su causa y además de participar activamente en su reconocimiento en las distintas esferas internacionales lo hizo también por ley, como Francia y Suiza.

Según la Ley Nø 26199 el 24 de abril es en nuestro país el “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos” y “Día de recordación de las víctimas del Genocidio Armenio”. Esta tendencia universal que ha adquirido en la actualidad, al extremo de que el Parlamento Europeo condiciona la incorporación de Turquía al reconocimiento de dicho genocidio, contrasta con el autismo negacionista que dominaba el mundo hasta 1985, cuando, en el seno de un grupo de expertos de las Naciones Unidas, por primera vez la palabra “genocidio” pudo acompañar a la palabra “armenio”.

Pero lo que está en juego hoy, no es la discusión sobre la verdad histórica, sino la falta de su asunción por parte del Estado turco y las consecuencias traumáticas que tiene para la sociedad de ese país la imposición del negacionismo, así como también para las instituciones y el ejercicio de los derechos humanos -en particular el derecho a la vida y a la libertad de expresión-. Acredita esta afirmación el asesinato en 2007 del periodista de origen armenio Hrant Dink en manos de un nacionalista turco, en represalia por su prédica a favor del reconocimiento. Su entierro fue acompañado por más de 100.000 personas que colmaron las calles de Estambul bajo la consigna “todos somos armenios”.

Otra consecuencia es el tétrico artículo 301 del Código Penal que identifica el reconocimiento del genocidio como un atentado contra la “identidad turca” y por el que están acusados más de un centenar de intelectuales turcos -se considera que quien lo infringe “humilla a la patria”- entre ellos Orhan Pamuk, Premio Nobel de literatura.

A 93 años de aquellas atroces matanzas, estas medidas aparecen como un intento para frenar la emergencia inexorable de una realidad que ha permanecido soterrada en la memoria colectiva y en particular en la de millares de armenios y otras minorías que viven en Turquía y que, a pesar de que en muchos casos se vieron obligados a cambiar de religión o de nombre para salvar su vida, conservan intacta su identidad.

En 1985, cuando debatíamos en la ONU la aprobación del Informe de Whitaker que hacía mención del genocidio armenio, uno de los argumentos que esgrimía la delegación turca para oponerse a su reconocimiento, era la posibilidad de que este hecho estimulara acciones violentas de jóvenes armenios que se habían lanzado a hacer justicia por mano propia contra diplomáticos turcos.

Sin embargo, esto no fue así y luego de la histórica sesión en la que se aprobó, no se registró un solo atentado terrorista por parte de la Diáspora armenia. La verdad entrañó la paz y, por el contrario el negacionismo continúa cobrando víctimas. En un día como hoy, en que se memora a las víctimas del genocidio armenio invocando a la tolerancia como la base del respeto entre los pueblos, los argentinos y armenios que tanto hemos luchado por la verdad, debemos tener presente el ingrato destino de quienes, todavía, en Turquía, no han podido ni siquiera relatar su silenciado infortunio.

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Genocidios: el derecho a la verdad

Genocidios: el derecho a la verdad

24 de abril de 2015
Publicado en Diario Clarín el 24 de abril de 2006

Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la primera guerra de exterminio del siglo XX, cometida contra el pueblo armenio. El recuerdo explica además la estrecha relación entre memoria y justicia.

Por Leandro Despouy

Hoy, 24 de abril, se conmemora un nuevo aniversario de la primera guerra de exterminio del siglo XX, en repudio a las crueles y reiteradas matanzas de armenios que entre 1915 y 1923 llevaron a cabo el Imperio Otomano y el Estado de Turquía y que no sólo se cobraron la vida de un millón y medio de personas sino que además condenaron al destierro y al desarraigo a gran parte de la comunidad armenia de entonces.

Sin embargo, recién en 1985 un Informe de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas logró consignar la primera referencia fehaciente sobre este crimen, precedida de infructuosos intentos que se estrellaban contra la intransigencia del gobierno turco y la tenaz complacencia diplomática de muchos Estados.

Algo similar aconteció cuando en nuestro continente se registraban violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y era difícil lograr de los organismos internacionales condenas claras a la despiadada represión desatada en nuestros países.

Para aquel entonces, la verdad no se ventilaba en los debates públicos de los foros internacionales. El principio de “no injerencia en los asuntos internos” alentaba las más descaradas y espurias complicidades.

Hoy es distinto, la verdad erigida en categoría de derecho rompe el hermetismo de la razón de Estado y proyecta su luz sobre otros actores vitales como son los ciudadanos, las asociaciones, y en particular las víctimas, históricamente apartados de las decisiones gubernamentales aunque ellas conllevaran la más burda y lacerante impunidad.

La Argentina tuvo la feliz iniciativa de solicitar a la ONU un estudio sobre este derecho y a mí, como Relator Especial, me ha cabido el privilegio de viabilizarlo, en lo que respecta a mi mandato, en el Informe General queserá examinado próximamente por el nuevo Consejo de Derechos Humanos.

No se trata de una construcción jurídica abstracta, sino del paciente acopio de experiencias nacionales y los múltiples progresos que se han registrado en el ámbito internacional.

Pero la historia de este derecho no fue pacífica. Surgió de los escombros de la Primera y Segunda Guerra Mundial, frente a la incertidumbre sobre el paradero de soldados y víctimas.

Nació del angustioso reclamo de los familiares de nuestros desaparecidos que aún buscan sin descanso una respuesta verídica a lo sucedido. Germinó en el secreto dolor de las diásporas, como lo acredita el denodado empeño de millones de expatriados armenios que tuvieron que esperar casi un siglo para que la palabra “genocidio” traspasara los umbrales de las Naciones Unidas y rompiera así el más prolongado pacto de silencio de las grandes potencias.

En casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos, la obligación de los Estados de investigar entraña un conocimiento pleno de los actos que se hubieran producido, de las personas que participaron en ellos y de las circunstancias específicas, en particular las violaciones perpetradas y sus motivaciones.

En el caso de personas fallecidas o desaparecidas la obligación incluyeconocer la suerte y el paradero de las víctimas. De esta forma el derecho a la verdad se vincula a uno de los preceptos culturales más antiguos de la humanidad, como es el ancestral derecho al duelo y, como lo reseña la tragedia griega en Antígona, a enterrar a sus muertos.

Recordemos que fue el ejercicio de este derecho lo que posibilitó la recuperación de muchos niños hijos de desaparecidos, tal como lo refleja la notable labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero las víctimas directas no son las únicas titulares de este derecho. Los hechos aberrantes que presupone extienden el agravio a toda la sociedad y confieren a cada uno de sus integrantes legitimidad para invocarlo, ejercerlo y llevar adelante los reclamos.

El derecho a la verdad contiene una dimensión ética insoslayable, puesto que su finalidad última es restablecer la dignidad de las víctimas y evitar la reiteración de los hechos y las circunstancias que los suscitaron.

Desde esta perspectiva, el principal fundamento de la reconstrucción del pasado es impedir su repetición en el futuro. Ello explica que la obligación de investigar se transmite a los sucesivos gobiernos. Por esa razón, en la práctica, las leyes de amnistía o de perdón sólo son compatibles con el derecho internacional si previamente se han realizado los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Las experiencias nacionales e internacionales muestran hasta qué punto la lucha por la verdad se fortalece con el transcurso del tiempo. La labor desarrollada por las llamadas Comisiones de la Verdad y el desempeño de tribunales internacionales también lo acreditan.
Recordar el genocidio armenio nos permite trazar la imagen de la humanidad a lo largo de un siglo y retratarla en dos momentos distintos y opuestos.

Primero, el silencio, la verdad enclaustrada, la prohibición de pronunciar en público la expresión “genocidio”, si la acompañaba la palabra “armenio”. Y ahora, al final, la verdad desnuda, rasguñada y herida por décadas de negación y hostigamiento pero que definitivamente, renace como expresión de una nueva conquista transformada en el derecho inalienable de las personas y de los pueblos a edificar su historia desde la verdad y la justicia.

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Milani no debe seguir en su cargo

Milani no debe seguir en su cargo

25 de marzo de 2015
Diario Clarín

Por Leandro Despouy

Grotesca paradoja de nuestra historia reciente que enaltece los derechos humanos como política de Estado y a 32 años de recuperada la democracia erige como Jefe del Ejército al teniente general Milani, acusado de haber participado en la cruenta represión de los años setenta.

Quienes se opusieron a su ascenso a la jefatura de Ejército –el CELS, el senador Morales, la diputada Carrió, entre otros– han expuesto con claridad y solvencia los múltiples fundamentos que revelan la oscura y trucada biografía del militar, su integración al movimiento Carapintada y acusaciones por enriquecimiento ilícito. Se señala su participación en las actividades represivas del Operativo Independencia ordenado por Isabel Perón en 1975; en el golpe de Estado en La Rioja y, meses más tarde, en la desaparición de su asistente Alberto Ledo, según testimonios que lo involucran. Este hombre de probada e inmerecida suerte avanza hoy imperturbable por las altas esferas del poder, sin que nadie detenga su marcha ascendente en las más sensibles áreas de inteligencia del Estado, las que integró antes, durante y después de la dictadura. En esas áreas, precisamente, se está librando un aterrador combate entre espías y políticos que impacta fuertemente a la sociedad, más aún tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el encubrimiento y la impunidad en el atentado más grave de la historia del país.

Está probado que Inteligencia de Ejército fue la usina que elaboró las estrategias más temibles y eficaces del plan de exterminio. Videla lo ratifica cuando dice: “los oficiales de Inteligencia (…) fueron clave en la guerra contra la subversión, que bien podemos llamar de Inteligencia”. El represor Barreiro insiste: “La simplificación de la picana es agraviante para la gente de Inteligencia”, porque sin ella “la Argentina sería hoy Cuba”.

Cruel ironía del destino. A casi 40 años del golpe, un militar que participó en él se desempeña hoy como Jefe del Ejército. La contradicción alcanza el paroxismo si pensamos que toda su trayectoria tuvo lugar en la siniestra Inteligencia del arma, transformada ahora por el Ejecutivo en un verdadero emblema que proyecta a Milani como la figura más fuerte y dominante de la inteligencia argentina.

Sin desmerecer el principio de presunción de inocencia, con honestidad, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Es posible haber transitado por los tétricos corredores de la muerte sin haber participado en los hechos de sangre o en las cámaras de tortura instaladas en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron durante esos años en nuestro país? ¿Es humanamente posible haber descendido a todos los estadios del Infierno y caminar por sus cornisas sin haber sentido jamás –como alega Milani con cinismo– la cercanía del calor sofocante de las hogueras incandescentes del exterminio?

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“El Gobierno, responsable de incumplir compromisos”

“El Gobierno, responsable de incumplir compromisos”

25 de enero de 2015
Diario Clarín

Debates: la muerte de Nisman.

Por Leandro Despouy

Pocos asesinatos como el del Fiscal Nisman, reflejan las múltiples facetas que reúne la impunidad y el asesinato político como recurso inexorable para perpetuarla. Durante mis seis años como relator especial de la ONU, sobre la independencia de la Justicia, nunca identifiqué en el mundo una situación de similares características, en la que el riesgo (peligro) no está dado solo en la gravedad de los hechos investigados, sino en las acciones que se han desarrollado para lograr impunidad.

El crimen del Fiscal Nisman, se asienta en dos atentados de enorme magnitud, el de la Embajada del Estado de Israel en 1992, y el de la AMIA en 1994. Ambos conmovieron al mundo, no sólo por su magnitud, sino por la opacidad con que el Estado argentino había emprendido las tareas de socorro y esclarecimiento de lo ocurrido, y peor aún, por lo que se comprobó más tarde la actitud deliberada con que los Servicios de Inteligencia habían obrado para apartar los elementos probatorios que permitieran reconstruir los hechos e identificar a los responsables en lo que finalmente se calificó como “encubrimiento” del atentado.

Como consecuencia de los infortunios por los que atraviesa hasta ahora la causa AMIA, el país se vio obligado a sumar a la investigación de estos hechos, una causa específica, en forma separada, tendiente a conocer los actores del encubrimiento, impulsores de la impunidad. De esto es precisamente de lo que se ocupaba Nisman, de promover todas aquellas acciones dirigidas a pesquisar las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado a la AMIA (Decreto 229/06).

Tanto el informe elaborado por el Comisionado de la OEA, Claudio Grossman, que participó como observador del proceso oral y público durante todo el proceso de la causa AMIA y tal como lo reconoció el propio Kirchner en el Acta de entendimiento firmada el 5 de julio de 2005, el Estado Argentino fue responsable por la violación de los Derechos Humanos cometidas durante el atentado, por su incumplimiento en los deberes fundamentales de prevención, y por el encubrimiento de dichos ilícitos, al no haber llevado a cabo deliberadamente las tareas de investigación. De las múltiples medidas a las que se compromete el Gobierno argentino en el Acta de Entendimiento que se firma entre el Gobierno y la Comisión Interamericana cabe destacar el fortalecimiento de la unidad Fiscal del Ministerio Público, de las que se va a ocupar más tarde Nisman. Otro de los compromisos del Estado asumidos ante la OEA (2005), fue la depuración de los Servicios de Inteligencia. Lo cierto, es que de todos los compromisos asumidos en esa Acta, como solución amistosa, ninguno se cumplió. El único compromiso asumido que sí se cumplió, fue el fortalecimiento de la unidad fiscal, que en el 2006 se confió a Nisman, quien llevó a cabo una labor encomiable, orientando su vértice hacia la conexión iraní, impulsando los pedidos de captura y las alertas rojas que impedían a los funcionarios persas desplazarse por el mundo. De allí, el estupor y la sorpresa que generaron en la población y la comunidad internacional las reacciones del oficialismo, cuando Nisman anunció su decisión de presentar en la causa sobre el encubrimiento, la investigación llevada a cabo durante más de ocho años. No cabe duda, que las hostilidades que descargaron contra él, ante esta con decisión, alentaron la determinación de quienes apretaron el gatillo, para poner fin a la vida de quien había dedicado gran parte de ella a luchar contra la impunidad. Sin embargo, esta vez, ya todos estamos extenuados de soportar el peso agobiante de semejante perversión. Actuamos convencidos de que, ahora, solo a través de una respuesta contundente podremos frenar las trágicas consecuencias del vendaval, que finalmente origina la impunidad. Debemos confiar en la justicia y defender la democracia si no queremos correr el riesgo de que la historia se nos venga encima.

Leandro Despouy es jurista, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

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Jean Jaurès, la fuerza de las utopías

Jean Jaurès, la fuerza de las utopías

2 de diciembre de 2014
Diario Clarín

Por Leandro Despouy

Un año de celebraciones en Francia y en el mundo, en el centenario de la muerte de Jean Jaurès, nos empujan a repensar el valor de las utopías, sus huellas en notables personalidades y las esperanzas que imprimen en la sociedad. A fuerza de coraje y convicciones, sin el andamiaje de una presidencia o de relevantes espacios –salvo una banca de diputado–, Jaurès supo intervenir con inteligencia y determinación en el gran debate del siglo XX sobre el sistema socialista que traería la democracia y la conquista de la igualdad, la justicia, la paz y el progreso de los derechos humanos.

Cuando Jaurès arribó a Buenos Aires en 1911, tres años antes de su asesinato, esta era una ciudad marcada por fuertes contrastes entre, por un lado, una burguesía criolla en ascenso y, por otro, la naciente clase obrera –nutrida por un conglomerado de inmigrantes, la mayoría europeos y otros que huían del Imperio Otomano, todos hacinados en miles de conventillos–, organizada en una central sindical socialista y otra anarquista, que desde 1890 conmemoraba el 1° de Mayo y luchaba por la jornada de ocho horas, y una pequeña burguesía emergente que, desde la Revolución del 90, batallaba desde la Unión Cívica Radical contra el fraude y por el sufragio universal y secreto.

Aunque la Argentina ocupaba un lugar preeminente en el mundo, su magnificencia apenas iluminaba algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Jaurès llegó en el contexto de los excesivos fastos del Centenario de la Revolución de Mayo. Estaba haciendo una gira por Brasil y Uruguay invitado por Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista argentino, que desde 1904 tenía un diputado: el legendario Alfredo Palacios. La invitación había sido hecha durante una reunión en Copenhague (1910), donde Jaurès encabezaba el socialismo francés. En Buenos Aires, pronunció cinco conferencias en el teatro Odeón, en las que deslumbró por su idealismo y su particular y vehemente oratoria, que hizo volar un puño de su camisa entre el público.

Ni Justo ni Jaurès, que participaban en la II Internacional, abjuraban de la potencialidad de la clase obrera, que, proponían, estaba destinada a servir al derecho, la libertad y la humanidad, sin visualizar –como el leninismo– su rol como vanguardia revolucionaria. Su pensamiento era conocido en la Argentina. En 1900, el escritor Manuel Ugarte había publicado en El Tiempo de Buenos Aires, una crónica de la conferencia “El arte nuevo y el socialismo” pronunciada por Jaurès en un mitin socialista encabezado por Anatole France.

Defensor del próspero y culto pueblo armenio y de su Causa, y solidario con la Federación Revolucionaria Armenia que resistía las matanzas precursoras del Genocidio, en 1900 Jaurès fundó, con Clemenceau, Quiles y Zola, el periódico Pro-Armenia y, en 1904, el mítico L’Humanité. Junto a Emile Zola defendió a Alfred Dreyfus en el extenso proceso judicial marcado por el nacionalismo y el antisemitismo de la dirigencia francesa.

Su amplio perfil incluía un profundo sentido del humanismo y un consolidado pacifismo; acérrimo opositor a la guerra –la razón más fuerte de su lucha–, esto le costó la vida: fue asesinado por Raoul Villain, un mercenario nacionalista, el 31 de julio de 1914. Tres días después, estallaría la I Guerra Mundial. Arrastrados por el conflicto, los partidos socialistas europeos –y el argentino– viraron de sus posiciones antibelicistas e internacionalistas al nacionalismo, a partir de una guerra definida por Jaurès como interimperialista y colonialista. Ante su inminencia, dijo en el Congreso de Basilea (1912): “Llamo a los vivos para que se defiendan del monstruo que aparece en el horizonte, lloro sobre los incontables muertos caídos en el Oriente, cuya fetidez llega hasta nosotros como un remordimiento; destruiré los rayos de la guerra y los arrojaré a las nubes”.

De nada valieron sus esfuerzos y los de Rosa de Luxemburgo, entre otros, por convocar a una huelga general internacional a fin de evitar la gran contienda y hacerle frente a “la horrible pesadilla”. La guerra provocó la escisión del movimiento socialista internacional. Según Trotsky, el asesinato de Jaurès “fue el último eslabón de una confusa campaña de odio, mentiras y calumnias que mantenían contra él todos sus enemigos (…) que debían limitarse a atacar sus ideas y sus métodos de acción: como personalidad era casi invulnerable”.

La actualidad de su pensamiento ha inspirado en socialistas de todo el mundo la construcción de alternativas políticas democráticas y progresistas. En mayo de 1981, en su asunción como presidente, Mitterrand y la sociedad francesa colmaron de rosas las tumbas de Jean Jaurès y del líder de la Resistencia Jean Moulin, en el Panteón de París. En nuestro país, Raúl Alfonsín –que lo admiraba– no solo recobró el ideario de Alem e Yrigoyen: fue pensando en hombres como Jaurès que impulsó la incorporación de la UCR a la Internacional Socialista.

La actualidad de su pensamiento, finalmente, radica también en los contextos de crisis civilizatoria que en aquel entonces desembocaron en grandes tragedias y hoy nos comprometen a trabajar intensamente para prevenirlas y evitarlas.

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