


Leandro Despouy: “La corrupción mata y los informes lo muestran”
El presidente de la Auditoría General de la Nación hizo foco sobre la malversación de fondos en materia ferroviaria y energética y apuntó: “En este país no por anticipar una tragedia se la puede a evitar”

Leandro Despouy: “La Argentina necesita con urgencia un ‘nunca más’ de la corrupción”
Entrevista realizada para el suplemento “Enfoques” del diario La Nación
-¿Cuáles son las medidas que podrían desarticular el nudo de la corrupción?
-La Argentina necesita con urgencia un “nunca más” de la corrupción. Hay que poner fin a esta epidemia institucional con un compromiso social y político que abarque a todos los sectores; resulta imprescindible que los órganos de control funcionen (por ejemplo, la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo) y que se fortalezcan los que actualmente funcionan, como la AGN. Debemos también exigir a la Justicia que finalmente juegue en esta materia el rol que establecen la Constitución y las leyes.
-¿Qué condiciones han venido fomentando la dinámica corrupta?
-El tema de la corrupción tiene muchas dimensiones. La económica nos muestra que el desarrollo de un país se resiente en la medida en que aumentan los márgenes de corrupción. La dimensión política se aprecia con claridad cuando se confunden las fronteras entre Estado y gobierno, y este último ejecuta los fondos públicos como si fueran propios.
También hay una dimensión cultural representada en el “roban pero hacen”. Existe un terreno fértil para el clientelismo, el amiguismo, los favores políticos a pequeña escala y el capitalismo de amigos. Todos estos elementos configuran una dimensión cultural de la corrupción que hizo eclosión en la década del 90 y que se ha acentuado en los últimos años. Pero está también el impacto sobre la vida de las personas. Las tragedias de Once, de Castelar, de la calle Salta en Rosario o de la localidad de Zanjitas en San Luis nos muestran que “la corrupción mata”.
-¿Cómo interpreta la aprobación de la ley que regula la responsabilidad del Estado?
-Esta ley, que diluye los cimientos básicos de la responsabilidad estatal, es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. La Auditoría General de la Nación (AGN) ha verificado reiteradamente el deficiente rol de control de los entes reguladores que realiza el Estado, y esta ley deposita exclusivamente en el concesionario la responsabilidad por los perjuicios ocasionados. El principal instrumento para desincentivar la práctica de corrupción es reemplazar al Estado permisivo por otro con verdadera capacidad sancionatoria. Fíjese que en nuestro país el Estado jamás articuló una acción de recupero o resarcitoria a los concesionarios, aunque muchas veces, digamos la verdad, se comportaban como experimentados depredadores. Con esta ley se propicia una mayor desprotección ciudadana y se otorga impunidad para funcionarios de este gobierno en su etapa final.

Página/12 :: El país :: “En deuda las reglas son muy precarias”
Pagina 12
Lunes, 7 de julio de 2014
LEANDRO DESPOUY DESTACO EL PARI PASSU Y CRITICO EL DERECHO SOBRE LAS DEUDAS
“En deuda las reglas son muy precarias”
Auditor, ex director de Derechos Humanos de la Cancillería, antiguo exiliado desde la aparición de la Triple A, Despouy analizó el problema de los fondos buitre, destacó las normas globales existentes y se quejó de las insuficiencias.

El actual presidente de la Auditoría General de la Nación fue asesor de la Dirección de Derechos Humanos y luego director del área en la Cancillería en el gobierno de Raúl Alfonsín. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa volvió al puesto como representante especial para los Derechos Humanos, una virtual subsecretaría. Desde allí Leandro Despouy ayudó al juzgamiento de represores en el exterior, contra la opinión del propio gobierno, y discutió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance de los juicios patrimoniales contra el Estado.
–Ambas experiencias le permiten sacar una conclusión sobre la situación con los fondos buitre después del fallo del juez Thomas Griesa.
–Sí. Que la Argentina no puede asumir ningún compromiso internacional que implique una violación del principio de pari passu.
–Igualdad de tiempos y de derechos.
–Sí. Y por ese motivo los compromisos se van cumpliendo de acuerdo con los pactos asumidos. El principio, aplicado a las deudas, es relativamente moderno y se ensayó con la Argentina, Indonesia y Rusia, entre otros estados. El país no puede ofrecer a otros acreedores condiciones más favorables que a unos anteriores. La negociación original implicaba quitas y plazos al mismo tiempo. El Estado luego puede hacer otras negociaciones, pero no en condiciones más favorables. Se buscaba que los estados pagaran en la medida en que pudieran. Por eso incluso los organismos internacionales respaldaban esas negociaciones. Es un principio básico de equidad y de legalidad sobre el cual se reestructuró todo el conjunto de deudas. Violar ese principio es peligroso.
–¿Por qué?
–Implicaría destruir las bases de la reestructuración y expandir la destrucción a otros países que renegociaron antes. Pero además la Argentina como Estado asumió esas bases. Es deuda soberana.
–La Corte Suprema de los Estados Unidos discutió ese punto en su fallo de mediados de junio.
–Pero no hay duda de que es deuda soberana. La asumió el Estado a través de las negociaciones del Poder Ejecutivo y la aprobó el Poder Legislativo. El Ejecutivo, lo quiera o no lo quiera, no puede negociar deuda en otras condiciones que las ya llevadas a cabo. Si no, significaría que el Congreso aprobó un monto de deuda que, por poner una hipótesis al vuelo, después hubiera podido duplicarse. Según el fallo de Nueva York confirmado por la segunda instancia los acreedores que no se sometieron al sistema de reestructuración de la deuda pueden embargar los fondos que el Estado argentino deposite. Es otra violación del pari passu, porque se trata de deuda registrada en los organismos internacionales. El juez asimila al Estado argentino a una empresa, a un privado. Y eso no puede ser.
–¿Por qué hay tan pocas reglas internacionales si uno compara la deuda y sus efectos con áreas temáticas como los crímenes de lesa humanidad?
–En materia de deuda las reglas internacionales son muy precarias y poco desarrolladas. Pero al mismo tiempo hay reglas, como la de pari passu, muy consolidadas como práctica. Se consolidaron porque su violación puede tener consecuencias imprevisibles e inimaginables.
–¿Cuál es la razón de la precariedad?
–Es un derecho que se construyó pensando en los acreedores más que en los deudores y en los estados. Hubiera sido distinto si en la década del 80 los países que heredaban las deudas de las dictaduras hubieran podido negociar en conjunto. No pudieron. De todos modos, no delegaron soberanía. Ese fue el mérito más grande de Raúl Alfonsín y tal vez una de las razones de la alarma que despertó en ciertos sectores ultraconservadores. Pero la Argentina no pudo negociar desde un derecho de los deudores. En cambio sí hubo una fuerte literatura muy crítica del endeudamiento. El problema central es que los acreedores tuvieron el respaldo de los países poderosos. Hicieron que en la práctica los países deudores asumieran la deuda debido a las enormes presiones y a los enormes condicionamientos. Recién después surgieron las teorías del default en condiciones de crisis extrema.
–¿En qué se expresó la cesión de soberanía para la solución de controversias?
–En que el resto del mundo tratara de establecer tribunales fuera de la órbita nacional, como el caso del Ciadi, donde los países se deben someter obligatoriamente cuando se plantean conflictos con entidades o empresas extranjeras. En lugar de haberse producido un fenómeno de consolidación de las soberanías o una entidad de los endeudados, ocurrió lo contrario. Con Carlos Menem en la presidencia la Argentina se lanzó a la abdicación abierta de la soberanía. No lo hizo Brasil, y por eso sigue teniendo mayor fortaleza sin haber dejado de recibir un gran nivel de inversión extranjera. En la Argentina las inversiones llegaron con inversión de soberanía. ¿Para qué? Para dar seguridad jurídica, era el argumento. ¿A quién? A los acreedores. Pensando en estas cosas es que a comienzos de la democracia discutimos la forma de adherir a la Convención Americana de Derechos Humanos. El texto se orienta sobre todo a preservar los derechos civiles y políticos pero proteger el derecho de propiedad. Les pone pocas limitaciones al uso de la propiedad y a su goce. Por eso a comienzos de la democracia el reconocimiento de ese derecho podía generarle problemas graves a un país aquejado por una tremenda deuda externa y sin apoyo de los acreedores. Entonces la Argentina introdujo una reserva. Dijo que ni la Comisión de Derechos Humanos ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos podían intervenir en cuestiones de política económica. La Cancillería, donde yo revistaba en el área de Derechos Humanos, depositó la ratificación de la Convención por parte del Congreso aclarando esa cláusula que menciono. El que se dio cuenta del alcance que tenía la reserva fue Alvaro Alsogaray, que impugnó la Convención. Muchos años después, antes de la crisis del 2001, me tocó intervenir otra vez desde la Cancillería en casos presentados ante la Comisión Interamericana. El Banco Federal del Norte tenía de abogado a Bob Dole, que había sido senador y candidato a presidente por el Partido Republicano en 1996. El Banco invocó el derecho de propiedad. Como representante especial para los derechos humanos de la Cancillería, me encargué de conseguir que no hubiera juicios patrimoniales. La Convención americana fue escrita para evitar que a un tipo le arrancaran los ojos, no para que los bancos arreglaran cuentas.
–Como ex relator de la ONU para cuestiones de independencia del Poder Judicial, ¿de qué modo puede considerarse a la Justicia de los Estados Unidos?
–Estados Unidos es un país con márgenes importantes de independencia pero ofrece dos debilidades. Una es que el propio sistema registró situaciones de racismo, por ejemplo, lo cual se expresa en la cantidad desproporcionada de afroamericanos y latinos en condiciones de detención. Es un tema que llegó a la propia Justicia de los Estados Unidos y hubo sentencias anuladas por brotes de racismo. La otra debilidad es una sorprendente defensa del interés privado por sobre las cláusulas de equidad de las negociaciones de las deudas.
–Sin que la crítica a un país signifique automáticamente la santidad de la Justicia en el país desde el que se hace la crítica, también surgió el problema de la cárcel de Guantánamo.
–Sí. En el tratamiento de los presos de Guantánamo violaron principios fundamentales: tortura, detenciones arbitrarias, comisiones especiales, ataque al principio de defensa y a la integridad física. Yo mismo como funcionario de Naciones Unidas critiqué esas violaciones y me dirigí al presidente Barack Obama pidiéndole que cerrara Guantánamo por las torturas, por la falta de tribunales ordinarios y por la clandestinidad. Por eso digo que globalmente es un sistema judicial avanzado, que funciona, con libertad de expresión, y tiene al mismo tiempo las debilidades que cité. No devaluemos todo porque no sería real ni justo.
Página/12 :: El país :: “En deuda las reglas son muy precarias”.

“La deuda de Obama con los derechos humanos es enorme”.
Entrevista de Daniel Gatti para el periódico “Brecha” de Uruguay Con el experto internacional argentino Leandro Despouy

Cronopios del puntano que mejor conoció a Julio Cortázar
– El Diario de la Republica – San Luis
Leandro Despouy compartió el exilio y varios actos públicos en París con el creador de “Rayuela”. Dice que el escritor se preocupó mucho por la suerte de Mauricio López.

La aceptación del durísimo documento que Leandro leyó ante el tribunal fue el primer paso de su amistad con el autor de “Rayuela”. En medio de la declaración, el puntano observó que un miembro del tribunal se levantó del estrado y se sentó entre el público: era Cortázar. Y cuando tomó la palabra, su preocupación fue elocuente: “Quiero suscribir en todo el testimonio de este joven. Mi país está por entrar en una situación similar a la que viven otros países de la región”.

Para entonces, el puntano ya estaba trabajando como embajador de Derechos Humanos en la presidencia de Raúl Alfonsín. Hizo todo los trámites posibles para estar en el velorio y el entierro y hasta se contactó con Jorge Luis Borges para invitarlo al sepelio. Pero lo rápido que fue la ceremonia de despedida de Cortázar conspiró con el último adiós que el amigo puntano del escritor merecía darle.